Ricardo Porto
“Alfonsín quería un Primer Ministro; Menem un mucamo. Resultado: salió un Jefe de Gabinete”. Así resumía un viejo periodista parlamentario la trastienda del Pacto de Olivos, celebrado entre radicales y peronistas, que condujo a la reforma constitucional de 1994, en donde se creó la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.
Raúl Alfonsín estaba influenciado por el jurista Carlos Nino, quien consideraba que el hiperpresidencialismo argentino afectaba la estabilidad institucional. Sostenía que la fortaleza del Presidente de la Nación permitía el normal funcionamiento del Estado, pero que cuando el primer mandatario perdía el poder todo el esquema institucional se desmoronaba con él. La caída del presidente ocasiona la caída del sistema. Por eso, aconsejaba introducir ciertos principios del parlamentarismo. En ese sistema, la pérdida del poder del Primer Ministro no acarrea el derrumbe del orden institucional. Frente a la falta de apoyo del funcionario, se reagrupan las fuerzas políticas, se producen nuevos acuerdos y se nombra a otro Primer Ministro. En ese contexto, la crisis política no afecta la estabilidad de las instituciones.
A Carlos Menen no le interesaban esas consideraciones políticas, ni diseñar sofisticadas herramientas institucionales. Sencillamente, no quería compartir el poder con nadie. Por lo cual, la creación del cargo de Jefe de Gabinete, representa una transacción política, una solución intermedia, entre posturas opuestas.
Desde su creación, en 1994, ningún cambio de Jefe de Gabinete fue utilizado para la resolución de alguna crisis política. Nunca alcanzó dicho funcionario semejante estatura institucional. Pero tampoco fue un burócrata más. Muchos jefes de gabinete ejercieron un rol político destacado. Sergio Massa, Marcos Peña, Alberto Fernández, Edgardo Bauzá, entre otros.
El hecho novedoso es que actualmente podrían destituir al actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La forma de llevar a cabo esa hipotética determinación está generando acalorados debates. Al respecto, hay que recordar que la remoción del Jefe de Gabinete puede ocurrir de dos formas. La primera de ellas es mediante un juicio político, en donde la Cámara de Diputados realiza la acusación y el Senado lleva adelante el desafuero. Para ello se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. La segunda opción es mediante una interpelación, en donde se trata una moción de censura. En este caso se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Se trata de un mecanismo más sencillo y que demanda una menor cantidad de votos.
En los últimos días el tema se tornó confuso, ya que Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores oficialistas, afirmó que si querían destituir a Manuel Adorni en la sesión del pasado jueves debían hacerlo con el voto de las dos terceras partes de los legisladores; es decir 48 votos. En realidad, la senadora no pretendió desconocer lo dispuesto en la Constitución Nacional sino aludió a los reglamentos parlamentarios, que disponen que el tratamiento de un proyecto que no tiene dictamen de comisión requiere dos tercios de votos. Por eso, se acordó citar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo miércoles 1 de julio para tratar dos proyectos de interpelación y posible moción de censura del Jefe de Gabinete de Ministros. Uno presentado por el interbloque peronista y el otro elaborado por el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling Lara. De aprobarse alguno de estos proyectos y pasar a ser considerados en el recinto, la remoción de Manuel Adorni requeriría el voto de 37 senadores, es decir la mitad más uno de ellos, ya que existiría dictamen de comisión.
Más allá de estas controversias reglamentarias en las últimas horas se especuló con la posible renuncia de Manuel Adorni. Otra posibilidad es que la justicia lo considere culpable. De darse esa circunstancia, el Presidente Javier Milei aseguró que lo eyectaba de una patada.
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