Texas, Florida o San Francisco. ¿Dónde queda la libertad de expresión?

Ricardo Porto
Días atrás la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha respondido dos inquietantes preguntas que condicionarán el debate público en el plano digital. ¿Algunas voces deben ser excluidas? ¿Quién debe hacerlo? Concretamente, ha cuestionado dos leyes de los estados de Texas y Florida, que prohíbe a las redes sociales y plataformas excluir ciertas informaciones y comentarios.
Todo comenzó con aquella famosa frase del entonces Presidente Donald Trump: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas” les decía a un grupo de seguidores reunidos alrededor de la Casa Blanca, afirmando que los demócratas les habían robado las elecciones. La intención era impedir que el Congreso confirmara los resultados del Colegio Electoral, que habían consagrado ganador a Joe Biden.
Trump no logró su objetivo, pero sus partidarios no se privaron de ingresar al Capitolio, destrozar todo a su paso y protagonizar uno de los hechos vandálicos más escandalosos de la historia política norteamericana.
Las violentas expresiones del entonces presidente de los Estados Unidos motivaron que Instagram y Facebook decidieran bloquear sus cuentas por tiempo indefinido. Mark Zuckerber justificó la decisión en la pretensión de Trump de utilizar el tiempo que le restaba de mandato para socavar la transición pacífica y legal de su sucesor Joe Biden. Más específicamente, afirmó que no podía permitir “….el uso de nuestra plataforma para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente”.
Por su parte, por similares razones, Twitter decidió suspender la cuenta del ex mandatario por doce horas. Snapchat y Google también adoptaron medidas restrictivas de ciertas publicaciones de Donald Trump.
Esto llevó a muchos republicanos a criticar severamente a las redes sociales, señalando que las mismas representaban los puntos de vista del progresismo, decidido a cuestionar y censurar opiniones conservadoras.
Las leyes de Florida y de Texas, promulgadas en 2021 por los gobernadores Ron De Santis y Greg Abbott respectivamente, recogen estas voces críticas y declaran ilegal las medidas adoptadas por redes y plataformas que bloqueen, prohiban, eliminen, desalienten, restrinjan o discriminen diversas expresiones.
Ahora, el máximo tribunal acaba de decir que esas normas vulneran la Primera Enmienda incorporada a la Constitución de ese país, que asegura la libertad de expresión, interpretando que esa garantía protege la discreción editorial de las plataformas y redes sociales, de publicar o no determinada información.
El experto en medios y TIC Javier Pallero ha señalado las 4 razones principales que esgrimieron los jueces para fundamentar su decisión. 1. La protección otorgada a las plataformas digitales es equiparable a la que gozan los medios tradicionales de comunicación. 2. El gobierno no debe intervenir para corregir supuestos sesgos ideológicos en la expresión de entidades privadas, dejando esa responsabilidad al público. 3. Al igual que un medio de comunicación tradicional, las plataformas no están obligadas a publicar puntos de vista políticos contrarios a su voluntad y 4. Las decisiones de moderación de las plataformas están protegidas como si fueran su propia expresión. Espacios privados sin este carácter expresivo, como un centro comercial, no tienen protección bajo la Primera Enmienda y pueden ser obligados a tolerar expresiones de terceros sin censurarlas.
Las opiniones de los especialistas están divididas. Para algunos se ha garantizado la libertad de expresión frente a la amenaza estatal de condicionar el accionar de empresas privadas. Otros se preocupan porque el alcance del debate público, las voces que lo integran y las que son excluidas, ha quedado en mano de un pequeño grupo de empresarios.
El debate no es novedoso. Ya en 2019 los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, OEA, Europa y África publicaron la declaración conjunta denominada: “Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década”, en donde advierten que las amenazas a la libertad de expresión y al acceso a la información pueden provenir tanto de regulaciones públicas restrictivas, como también por el abuso de poder de parte de los gigantes de la comunicación.
Interpretando ese dilema, pueden advertirse los riesgos que supone que el debate público sea decidido en Texas o Florida; pero también que lo sea en el oeste, en San Francisco, más específicamente en Silicon Valley.