Juicio a los jueces en el Salón Azul

Ricardo Porto
Las reuniones más interesantes del Senado suelen ser las que realiza la Comisión de Acuerdos, en las cuales se entrevista a los futuros jueces. Tal vez, el atractivo reside en que se invierten los roles. Los aspirantes a magistrados ocupan el banquillo en donde se los interroga. Una de las preguntas que nunca falta es si los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias. Más allá de lo que disponga la normativa vigente, saben que una respuesta negativa haría peligrar su acuerdo. Pero, saben también que estar totalmente de acuerdo con la imposición de ese gravámen le podría traer problemas en el frente interno. Por eso, algunos de los futuros jueces suelen recurrir al lenguaje barroco del derecho, intentando brindar una postura equilibrada que deje contento a ambos sectores. No siempre lo logran.
Miguel Pichetto, cuando ocupaba una banca en el Senado, solía decirle a los aspirantes a magistrados que todos conocían sus antecedentes y sus logros académicos que, por otra parte, ya habían sido ponderados en el Consejo de la Magistratura al avalar sus candidaturas. El objetivo de la reunión, solía recordarles Pichetto, era tener un encuentro cara a cara para apreciar su personalidad para ocupar un cargo, que no solo demanda expertise técnico, sino también sentido común y cintura política.
Las audiencias para jueces de la Corte Suprema son las más atractivas. Para empezar, tienen lugar en la sala principal. Se deja el Salón Rosado, Eva Perón, en donde se realizan la mayoría de las reuniones y se pasa al Salón Azul, el más imponente recinto del Senado, el de los grandes eventos. Allí estuvieron, en 2016, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz contestando decenas de preguntas sobre múltiples cuestiones jurídicas. La audiencia, por lo demás, significó una ratificación del proceso de designación reglamentario, dejando atrás el intento de acudir al atajo del decreto presidencial.
Por el mismo Salón Azul pasaron en su momento Elena Higton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti. La primera de ellas inauguró la presencia femenina en el máximo tribunal en tiempos democráticos. Argibay, por su parte, fue designada en junio de 2004, pero no juró hasta dejar su lugar como miembro del Tribunal Criminal Internacional que juzgó crímenes de guerra en la ex-Yugoslavia. Por entonces, su designación estuvo rodeada de la controversia que generó su postura a favor del aborto. Lorenzetti, a diferencia de sus colegas, no provenía del ámbito judicial. Fue quien menos impugnaciones recibió y exhibía su pasado como abogado, jurista y docente. Finalmente, Eugenio Zaffaroni fue el único juez de la Corte Suprema cuya audiencia se celebró en un lugar distinto. El 6 de octubre de 2003, en el Salón Manuel Belgrano, cuya apariencia se asemeja a un antiguo cine de barrio, durante más de 7 horas fue sometido a un intenso cuestionario, en donde, entre otras cosas, se objetaba su postura “garantista”.
Ahora es el turno de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quienes defenderán sus postulaciones el 21 y 28 de agosto próximos, respectivamente. Según un informe difundido por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, Ariel Lijo recibió 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, mientras que Manuel García-Mansilla contó con 3.129 avales y 110 observaciones. Más allá de los números, existe una controversia política mucho mayor con la candidatura de Lijo que con la de García Mansilla. Otra diferencia importante entre ambos candidatos tiene que ver con el objeto de evaluación de los postulantes. Mientras que, por un lado, se examinará el desempeño de Ariel Lijo como juez federal, Manuel García Mansilla pondrá sobre la mesa su producción académica, desde la Universidad Austral y su rol como abogado especializado en derecho público, de la energía y comercial, entre otras ramas.
Las audiencias públicas de agosto, que realizará la comisión de Acuerdos del Senado, presidida por la dirigente del PRO, Guadalupe Tagliaferri, están despertando un particular interés. En primer lugar por lo que puedan expresar los aspirantes a la Corte, pero también por las posturas que adoptarán los miembros de la comisión. Entre sus 17 integrantes se encuentran los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Alicia Kirchner y Juliana di Tullio; los radicales Martín Lousteau, Pablo Blanco y Carolina Losada; los peronistas disidentes Juan Carlos Romero y Carlos Espínola, entre otros. El único oficialista es el jefe de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche.
No obstante, a diferencia de lo que suele ocurrir, lo que pase en la comisión no necesariamente adelantará lo que sucederá en el recinto, ya que no existen bloques o partidos que apoyen o rechacen a los candidatos, sino que el voto lo decidirá individualmente cada senador o senadora. Además, hay que recordar que se requieren dos tercios de votos para elegir a los jueces, lo cual complica aún más el panorama.
No obstante, entre tanta incertidumbre aparece una certeza. Todos estos debates tendrán una gran exposición pública y ello suele acarrear consecuencias políticas. Muchos recuerdan que la designación de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación fue como consecuencia, entre otras cosas, de una controvertida actuación en la Comisión de Acuerdos por parte de Daniel Reposo, quien había sido anteriormente propuesto por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Si se pretende traer ejemplos más recientes, y sin perjuicio de que se trata de otro país y otro cargo, el debate entre Joe Biden y Donald Trump transformó el proceso electoral en los Estados Unidos. En nuestro caso, estando tan abierto el resultado de las candidaturas de Airel Lijo y Manuel García Mansilla, lo que suceda en pocos días en el Salón Azul del Senado puede tener derivaciones políticas insospechadas.