Ricardo Porto
¿Qué tiene que ver el cálculo de las indemnizaciones con los medios públicos, la flexibilización de las vacaciones con el Instituto Nacional del Teatro o la promoción del empleo registrado con los subsidios cruzados entre la TV y el cine? Nada. No obstante, todos estos temas están en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el gobierno acaba de enviar al Parlamento.
La propuesta constituye un modelo denominado Ley Ómnibus, ya que trata diferentes temas; algunos de los cuales no guardan vinculación alguna entre sí. Los especialistas en técnica legislativa desaconsejan este tipo de proyectos. Piedad García Escudero Márquez, una de las más importantes expertas en derecho parlamentario a nivel internacional, propone elaborar leyes homogéneas con un único objeto material. De manera categórica señala que deben evitarse las llamadas leyes ómnibus, gravemente lesivas para la seguridad jurídica.
Otro problema de este tipo de leyes es que solo se discuten los temas centrales; mientras que aquellos que quedan fuera del radar, virtualmente se aprueban sin debate. Eso pasó, por ejemplo, con la Ley Bases, -arquetipo de ley ómnibus, en donde las modificaciones a la ley de procedimientos administrativos, tema de singular importancia pero poco glamour, se sancionó casi sin deliberación.
Probablemente esto ocurra con el Proyecto de Ley de Modernización Laboral. Por el momento, no ha formado parte del debate de esta propuesta el financiamiento de los medios públicos, la promoción de la industria cinematográfica, el apoyo al teatro nacional, los gravámenes que deben pagar los diferentes medios o la existencia de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; todos estos, temas que forman parte de la iniciativa laboral.
Precisamente, la cuestión tributaria que contempla el proyecto, que no solo se limita a la radiodifusión, es otro de los aspectos controvertidos de la iniciativa gubernamental remitida al Senado de la Nación. Ello es así, dado que la Constitución Nacional exige que sea la Cámara de Diputados la que inicie el procedimiento legislativo cuando se tratan temas impositivos.
La intención del gobierno es derogar el Título V de la Ley de Medios, 26.522. Se trata del esquema tributario que rige en el escenario audiovisual. La norma contempla un esquema de subsidios cruzados en donde la radio y la televisión financian parcialmente a los medios públicos, al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, al Instituto Nacional del Teatro, al Instituto Nacional de la Música y a diferentes organismos públicos del sector, entre ellos el Ente Nacional de Comunicaciones y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por otro lado, se propone modificar también la Ley de Cine 17.741, derogando diversas fuentes de financiamiento, como el 10% de las entradas a los espectáculos y el 10% de la venta o alquiler de videos.
Como puede apreciarse, se trata de temas de singular importancia y complejidad. Ciertamente es necesario debatir de manera abierta y profunda la razonabilidad de este heterogéneo conjunto de medidas. Por caso, cabe discutir si deben mantenerse tal como están los subsidios cruzados entre la radiodifusión y el complejo conjunto de industrias culturales, como el cine, el teatro y la música.
Por otro lado, resulta imperioso considerar si existe una competencia desleal entre los servicios de video a demanda, como Netflix, Disney y Amazon Prime, entre otros, con los cableoperadores locales, dado que los primeros tienen una menor carga tributaria que los segundos. Además, están quienes consideran que las señales extranjeras deberían contribuir al financiamiento de producciones locales, o presentar en su grilla series y películas nacionales.
Asimismo, existe un debate a nivel internacional en el campo de las telecomunicaciones en torno al denominado fair share, que consiste en exigir a empresas como Netflix, Google o Meta, entre otras, contribuir económicamente al desarrollo de las infraestructuras, dado que utilizan las mismas, virtualmente, sin costo alguno. No obstante, esta propuesta podría afectar la neutralidad de la red.
Estos ejemplos permiten advertir cierta desactualización del esquema tributario vigente en el ecosistema comunicacional. Si bien las empresas de telecomunicaciones y las emisoras de radio y televisión fueron, en el pasado, los actores centrales de este mercado, hace tiempo que dejaron de serlo.
En el mismo sentido, el impuesto a los videoclubes también resulta poco acorde a la realidad de nuestros días, en donde el streaming archivó ese negocio.
Desde luego, corresponde debatir el propósito y financiamiento de los medios públicos y de los diferentes organismos del sector. Se trata de un tema de singular importancia.
Si bien es cierto que no debe haber temas tabúes, tampoco deben existir trámites express. La variedad y trascendencia de todos estos temas requiere de un debate racional, abierto e inclusivo, en donde las diversas voces puedan escucharse.
El jurista Carlos Nino afirmaba que la legitimidad ética de la democracia reside en que las decisiones que se toman son el resultado de un proceso deliberativo, en donde todos los involucrados pueden participar y expresar sus puntos de vista.
La intención del gobierno de acelerar los tiempos legislativos no contribuye en nada al logro de medidas equilibradas y transparentes. En este contexto, lo que no se debe hacer es sancionar una legislación que involucra temáticas tan importantes, como los gravámenes a la radiodifusión, la sostenibilidad de diversas industrias culturales, el rol y financiamiento de los medios públicos o la equidad tributaria en el ecosistema comunicacional, ocultas como furgón de cola de la ley de modernización laboral y sin el necesario debate entre los protagonistas del sector.
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