Mauricio Macri decide bajar de la competencia electoral a la candidata a legisladora por su espacio político, Silvia Lospenato. El gobernador bonaerense Axel Kicillof reconoce que el peronismo no tiene propuestas. En verdad, nada de eso sucedió. Se trata de vídeos falsos realizados con Inteligencia Artificial, conocidos como deepfakes. Desde luego, este tipo de mecanismos utilizados en tiempos de elecciones no son novedosos. En 2005, el por entonces primer candidato a legislador porteño del ARI, Enrique Olivera, fue denunciado injustamente por tener dos cuentas bancarias de casi US$ 2.000.000 que no estaban detalladas en su declaración jurada de bienes. Daniel Filmus también fue víctima de este tipo de maniobras durante la campaña electoral para jefe de gobierno de la CABA. Los porteños recibían una llamada en donde se les preguntaba si sabían que el padre del candidato justicialista era un arquitecto vinculado a Sergio Schoklender.
Las falsas acusaciones son moneda corriente en tiempos de campaña. El hecho diferenciador que aportan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es la sofisticación del engaño y la masiva viralidad a través de diferentes plataformas. Al respecto, uno de los problemas es que la legislación electoral vigente tiene muy pocas regulaciones en torno a las redes sociales. Casi toda su estructura jurídica está basada en los medios de comunicación tradicionales, como la radio, la TV y los diarios. En lo referido específicamente a esta clase de ardides, el artículo 140 del Código Electoral impone penas de prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo.
Días atrás, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una acción judicial de amparo en donde, luego de explicar detalladamente cómo este tipo de tecnología puede alterar la integridad del proceso electoral, le solicita al Estado Nacional, específicamente a la Subsecretaría de Asuntos Políticos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que adopte las medidas efectivas que prevengan, alerten y hagan cesar de forma urgente la difusión de deepfakes o uso no autorizado del servicio de clonación de voz y rostro con Inteligencia Artificial respecto del proceso electoral nacional de renovación parcial de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que se celebrará el 26 de octubre de 2025. Entre las diferentes medidas que propone, están la remoción rápida de contenidos falsos, el etiquetado obligatorio de contenidos generados por IA, diversas sanciones a infractores y cuentas maliciosas, el bloqueo territorial y la cooperación de plataformas extranjeras y el derecho de réplica digital, entre otras.
En verdad, como recuerda Gil Domínguez en su escrito, la difusión de videos generados con IA en contextos electorales no sólo ocurre en la Argentina sino que se trata de un fenómeno global. De hecho, un informe elaborado por la Universidad de Stanford advirtió que los deepfakes políticos ya están afectando los procesos electorales en todo el mundo. Por caso, se utilizaron en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en donde se enfrentaron Donald Trump y Kamala Harris y en el proceso brasileño protagonizado por Lula da Silva y Jair Bolsonaro.
Una de las dificultades que plantea la condena a estas maniobras tecnológicas es la posible afectación de la libertad de expresión. El dilema es asegurar este derecho, vital en toda sociedad democrática, y paralelamente, preservar la integridad y transparencia del debate electoral. En cierto modo, como señala el historiador israelí Yuval Noah Harari, son los problemas que genera la sobreadundancia de información que llegó de la mano de la revolución digital. En tal sentido, recuerda que en el pasado la censura funcionaba bloqueando el flujo de información, mientras que en el Siglo XXI lo hace inundando a la gente con datos irrelevantes.
Teniendo presente que actualmente la cantidad de información que circula por las redes es de tal magnitud que resulta imposible procesarla y asimilarla, los expertos en libertad de expresión se preguntan si, finalmente, esta ampliación de la comunicación fortalece o debilita la democracia, dado que este sistema requiere una conversación de calidad, en donde personas bien informadas toman decisiones racionales sobre asuntos de interés público.
El filósofo surcoreano Byung Chul Han es pesimista: “En el orden digital, la verdad deja paso a la fugacidad de la información…Es evidente que la época de la verdad ha terminado… En la sociedad actual, los ciudadanos ya no son capaces de creer en un fondo común de discusión que permita iniciar una discusión. Ya no pueden siquiera suponer que han participado en esta discusión como miembros de la misma comunidad. La esfera pública que Arendt y Habermas presentan como ideal no existe….La democracia no es compatible con el nuevo nihilismo. Presupone un discurso de la verdad”.
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