Uno de los debates más intensos en el campo de las comunicaciones tuvo lugar en 1992, cuando el presidente Carlos Menen firmó un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con los Estados Unidos, ratificado por el Congreso Nacional mediante la Ley 24.124. Se justificaban las fuertes discusiones, dado que a partir de entonces el mercado de la radio y la televisión dejó de ser exclusivamente nacional y albergó a importantes multimedios internacionales. Como consecuencia de tal apertura el grupo nortemaricano Tele-Communications International, Inc. (TCI) adquirió el 80 % de Cablevisión en 750 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las operaciones económicas más importantes del país. Luego se firmaron acuerdos similares con España, Italia, entre otros tantos países, lo cual profundizó el carácter internacional del escenario de la radiodifusión argentina.
En esa misma orientación, la administración menemista ratificó el Acta Final de los resultados de la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) a través de la Ley 24.245 y, posteriormente, mediante la Ley 25.000, se aprobaron los acuerdos sobre servicios alcanzados en la Organización Mundial de Comercio. Estas determinaciones consolidaron, ahora en el campo de las telecomunicaciones, la internacionalización del amplio ecosistema comunicacional.
La crisis del 2001 y el consecuente endeudamiento de los medios de comunicación nacionales con acreedores externos motivó al Parlamento a tomar medidas en sentido contrario. En ese contexto, se sancionó la Ley de Protección de Bienes Culturales 25.750, por la cual se limitó la participación de empresarios extranjeros a un 30% del capital accionario.
La referencia a esas leyes no es un dato meramente formal. Significa que existió, no solo en la sociedad, sino en el propio Congreso Nacional, un amplio debate sobre la mayor o menor razonabilidad de tales medidas.
Ayer, el gobierno del presidente Javier Milei anunció la firma de un nuevo marco ( framework, en inglés) para impulsar el comercio y las inversiones con Estados Unidos que, entre otras cosas, impactará también en el escenario de las comunicaciones; ahora mucho más sofisticado y complejo que en la década del 90.
En lo que respecta específicamente a este sector, el acuerdo dispone que “Los países abrirán sus mercados mutuamente a productos clave. Argentina proporcionará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes estadounidenses, incluidos…productos de tecnología de la información”.
Asimismo, tiene un acápite especial destinado al comercio digital. Allí se indica que “Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este país como una jurisdicción adecuada según la legislación argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar los servicios o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas, según su legislación, las firmas electrónicas que son válidas según la legislación estadounidense.”
Es probable que estas medidas profundicen el rol de las grandes redes y plataformas de la información en diferentes ámbitos. Al respecto, diferentes investigadores han mostrado su preocupación por el avance de estos poderosos actores en el plano económico y político.
El ex Ministro de Finanzas de Grecia y autor de numerosas obras, Yanis Varoufakis, hace referencia al concepto de Tecnofeudalismo, asemejando los señores feudales del medioevo a los actuales titulares de las empresas de TIC, en donde los viejos siervos de la gleba son reemplazados por los nuevos siervos digitales. Dicho autor advierte que las redes y plataformas concentran el capital y el poder en las sociedades, al poseer, además de fuertes ingresos económicos, la información de sus usuarios, por lo cual influyen y condicionan la vida de los mismos. Señala que esta nueva forma de capitalismo constituye una amenaza para la democracia, dado el poder de estas megaempresas, que superan a los poderes públicos. Otro autor que también alude al concepto de Tecnofeudalismo es el profesor de Economía Política de la Universidad de Ginebra y miembro del Centro de Economía de París, Cédric Durand, quien sostiene que el capitalismo neoliberal está dando paso al feudalismo tecnológico, en donde las empresas de TIC concentran el poder económico y controlan la vida de los usuarios a partir de la información que poseen.
Por su parte, la socióloga estadounidense y profesora de la Universidad de Harvard, Shoshana Zuboff, plantea el concepto de capitalismo de la vigilancia. El mismo consiste, fundamentalmente, en la recolección, procesamiento y utilización de los datos de los usuarios de plataformas y redes sociales para fines económicos, vulnerando la privacidad de los mismos. En su último trabajo: ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia? responde a tal interrogante afirmando que se puede tener capitalismo de la vigilancia o democracia, pero no ambos a la vez. Para Zuboff, el abusivo protagonismo de las empresas de TIC fue consecuencia de una verdadera deserción democrática. El capitalismo de la vigilancia es lo que sucedió cuando la democracia estadounidense se retiró, explica la autora, quien afirma que la profundización del orden del capitalismo de la vigilancia propaga el desorden y la desinstitucionalización democrática.
La envergadura del acuerdo celebrado con los Estados Unidos requiere un amplio y profundo debate, de la sociedad y de la clase política. La legitimidad ética de las decisiones democráticas reside en que están precedidas de una deliberación transparente e inclusiva. No son los supuestos expertos quienes toman estas determinaciones, sino la propia gente, a través de sus representantes, en el marco de una discusión pública.
Por cierto, la importancia de lo que está en juego no admite deserciones democráticas.
Deja una respuesta