Libertad de expresión y debate público democrático

En su primer día de gestión el presidente Donald Trump dictó una orden ejecutiva destinada a expandir la libertad de expresión. El interrogante es si esa medida fortalecerá o debilitará el debate público democrático.
“Restaurando la libertad de expresión y terminando con la censura federal” es el nombre de la mencionada disposición. En la misma se recuerda que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos consagra el derecho del pueblo a hablar libremente en la plaza pública sin interferencia del Gobierno.
Luego, se agrega que durante los últimos 4 años, la administración anterior pisoteó los derechos de libertad de expresión al censurar el discurso de los estadounidenses en las plataformas en línea, a menudo ejerciendo una presión coercitiva sobre terceros, como las empresas de redes sociales, para que moderaran, eliminaran de la plataforma o suprimieran de otro modo el discurso que el Gobierno Federal no aprobaba.
En ese orden de ideas, se señala que con el pretexto de combatir la desinformación y la mala información, la administración anterior infringió los derechos de expresión protegidos por la Constitución y promovió la narrativa preferida del Gobierno sobre asuntos importantes de debate público. La censura gubernamental del discurso es intolerable en una sociedad libre, se afirma.
Por último, además de ordenar una investigación del accionar de los anteriores agentes gubernamentales, se prohíbe que en el futuro ningún funcionario, empleado o agente del Gobierno Federal participe o facilite cualquier conducta que pueda limitar inconstitucionalmente la libertad de expresión de cualquier ciudadano estadounidense.
La determinación de Donald Trump se ajusta a la doctrina tradicional estadounidense en la materia, conocida como mercado libre de ideas. Este concepto fue desarrollado por el Juez Holmes en el caso US. vs. Abrams, en el cual, tomando los preceptos de John Mill y Jhon Milton, los referentes filosóficos de esta corriente ideológica, sugiere un escenario institucional en donde funcione el libre intercambio de ideas y opiniones, buenas y malas, que compiten para alcanzar la verdad. Si una idea puede refutarse no debe ser censurada; si no es posible, menos aún hay que censurarla.
Esta postura fue ratificada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, a mediados de 2024, en el caso Netchoice, en donde se cuestionaban las leyes de Texas y Florida que procuraban regular a empresas como Facebook o Youtube. El fallo impugnó esas normas, asemejó las redes sociales a los medios de comunicación tradicionales y aplicó los viejos principios de esta disciplina, que garantizan la más amplia libertad de expresión. Por lo demás, advirtieron que no era tarea del gobierno intervenir en el mercado de medios para equilibrar los diversos discursos.
En suma, la visión liberal ortodoxa. El eje está en el orador, el Estado no debe participar y la mejor ley de prensa es la que no se dicta.
No todos piensan lo mismo. Owen Fiss, uno de los más importantes juristas contemporáneos en esta materia, sostiene que la visión liberal supone que si se deja a los individuos en paz, libres del brazo amenazador de la policía, surgirá un reflexión completa y equitativa de todas las cuestiones. La premisa es que la autonomía conducirá al enriquecimiento del debate público. Desde la perspectiva del orador de la esquina de la calle, ese presupuesto puede parecer lo suficientemente plausible. Pero cuando la cuestión se traslada de la esquina de la calle a, por ejemplo, la C.B.S, ese supuesto se vuelve sumamente problemático. La autonomía y el debate público rico –los dos valores de la libertad de expresión- pueden divergir y llegar a ser antagónicos. Bajo la C.B.S, afirma Fiss, la autonomía puede ser insuficiente para asegurar un debate público rico. Aunque parezca mentira, puede llegar a ser incluso destructora de ese objetivo. Como orador, la CBS puede reclamar la protección de la autonomía y, sin embargo, el ejercicio de esa autonomía puede no enriquecer, sino más bien empobrecer el debate público.
Por eso, Owen Fiss advierte que si bien el Estado puede ser el enemigo de la libertad de expresión, también puede ser lo contrario y desempeñar un rol positivo. Cree que debe comportarse como el presidente de un Parlamento y distribuir la palabra entre todos los participantes. Advierte que en el mercado de medios no todos tienen el mismo poder y -para el horror liberal- afirma que a veces se deben aminorar las voces de algunos para que se escuchen las voces de todos, sobre todo las de los más postergados. El enfoque que defiende Fiss no se preocupa tanto por el orador, sino que se orienta fundamentalmente hacia los oyentes, con el objeto de enriquecer el debate público.
En suma la visión heterodoxa. El eje está en quien recibe información, el Estado debe intervenir y se propone una regulación democrática de la prensa.
Más allá de lo que afirman juristas y filósofos, la postura liberal, que asocia fuertemente la libertad de expresión y el derecho de propiedad, fue sostenida tradicionalmente por los dueños de los medios. Ello es así, ya que se cree necesario dotar a las empresas periodísticas de todo tipo de garantías.
Dicha teoría, en nuestra región, estuvo plasmada en la famosa Declaración de Chapultepec, elaborada en México, en 1994 por la, por entonces, influyente Sociedad Interamericana de Prensa, SIP; entidad que nuclea a los propietarios de los diarios del continente.
El lunes pasado, sentados en primera fila escuchando complacidos el discurso de Donald Trump, los dueños de las más importantes empresas de TIC probablemente pensaran que era el momento para actualizar aquella vieja declaración, a estos tiempos de redes y plataformas. Se les ha garantizado la máxima libertad de expresión. Habrá que ver qué sucede con el debate público democrático.