La prohibición de un dibujo en The Washington Post no solo es un acto de censura. Refleja un cambio de época.

Si bien es cierto que Google, Amazon, Facebook y Apple (los denominados GAFA) no son países, no caben dudas que son superpotencias. En ese marco, las decisiones que toman estas compañías en materia de libertad de expresión y acceso a la información suelen tener mayor incidencia que las leyes que dictan los países o las resoluciones emanadas de organismos internacionales tales como la ONU. Esto decía el historiador británico Timothy Garton Ash en su libro “Libertad de palabra: diez principios para un mundo conectado”, publicado en 2017.
Dos años más tarde, en julio de 2019, los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, OEA, Europa y África difundieron una declaración titulada “Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década”. Allí se advertía que las amenazas a ese derecho podían provenir tanto de regulaciones públicas restrictivas, como también por el abuso de poder de parte de los gigantes de la comunicación. Por ello, se proponía la elaboración de reglas para asegurar la difusión de información y, paralelamente, evitar la concentración en el sector TIC.
En aquellos tiempos, la envergadura de esos dos tipos de actores permitían advertir los riesgos para los sistemas democráticos, dada su influencia en la conformación del debate público.
El 6 de enero de 2021 se escuchó decir al entonces Presidente Donald Trump a un grupo de seguidores reunidos alrededor de la Casa Blanca: “Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes congresistas para que cumplan con su deber”. La intención era impedir que el Congreso confirmara los resultados del Colegio Electoral, que habían consagrado ganador a Joe Biden, pues se afirmaba que los demócratas les habían robado las elecciones. Trump no logró su objetivo, pero sus partidarios no se privaron de ingresar al Capitolio, destrozar todo a su paso y protagonizar uno de los hechos vandálicos más escandalosos de la historia política norteamericana.
Las violentas expresiones del entonces presidente de los Estados Unidos motivaron que Instagram y Facebook decidieran bloquear sus cuentas por tiempo indefinido. Mark Zuckerber justificó la decisión en la pretensión de Trump de utilizar el tiempo que le restaba de mandato para socavar la transición pacífica y legal de su sucesor Joe Biden. Más específicamente, afirmó que no podía permitir “….el uso de nuestra plataforma para incitar a una insurrección violenta contra un gobierno elegido democráticamente”. Por su parte y por similares razones, Twitter decidió suspender la cuenta del ex mandatario por doce horas. Snapchat y Google también adoptaron medidas restrictivas de ciertas publicaciones de Donald Trump.
Estas polémicas medidas condujeron a un intenso debate. ¿Algunas voces deben ser excluidas del debate público? ¿Quién debe hacerlo? ¿ El Estado o un grupo de empresas?
La discusión, por entonces, adquirió además un sesgo ideológico. Muchos políticos republicanos criticaron severamente a las redes sociales, señalando que las mismas representaban los puntos de vista del progresismo, decidido a cuestionar y censurar opiniones conservadoras.
Las leyes de Florida y de Texas, promulgadas en 2021 por los gobernadores republicanos Ron De Santis y Greg Abbott respectivamente, recogen estas voces críticas y declaran ilegal las medidas adoptadas por redes y plataformas que bloqueen, prohiban, eliminen, desalienten, restrinjan o discriminen diversas expresiones.
A mediados de 2024, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que esas normas vulneran la Primera Enmienda incorporada a la Constitución de ese país, que asegura la libertad de expresión, interpretando que esa garantía protege la discreción editorial de las plataformas y redes sociales, de publicar o no determinada información.
Actualmente, la situación dió un giro y se ha complicado aún más. Por un lado, la rivalidad política empresarial dió paso a una suerte de concertación entre ambos actores. Paralelamente, tiene lugar también una modificación del anterior esquema ideológico, que mostraba a los líderes liberales de Silicon Valley enfrentados a los conservadores. Para empezar, simbólicamente Elon Musk decidió mudar la empresa desde California a Texas por una ley de género. Por otro lado, puso a su red X (ex Twitter) al servicio de Donald Trump. En la misma línea política está incursionando en el proceso electoral europeo. Así, ha dicho que solo la ultraderechista Alternativa por Alemania podía salvar a ese país. También ha criticado al primer ministro laborista de Reino Unido, Keir Starmer, por su anterior labor como fiscal en un caso de explotación sexual de menores que tuvo lugar hace más de una década.
Por su parte, el titular de Meta, dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp, Mark Zuckerber, difundió días atrás una declaración en donde anunciaba diferentes medidas técnicas y operativas orientadas a facilitar la circulación de información en las redes que, para muchos observadores, agudizará la desinformación, los discursos de odio y las noticias falsas. Por lo demás, ha nombrado en sus empresas a ex funcionarios republicanos. Finalmente, Zuckerberg ha dicho que mudará los centros de moderación de contenido de California. “Nuestra revisión de contenido en Estados Unidos tendrá sede en Texas, ya que esto nos permitirá construir confianza de hacer este trabajo en lugares donde hay menos preocupación sobre los sesgos de nuestros equipos”.
Todo este conjunto de medidas adoptadas por los dueños de las principales empresas de medios digitales fueron representadas en una caricatura del periódico The Washington Post. El dibujo mostraba a los diferentes empresarios mediáticos arrodillados frente a Donald Trump. Al titular del diario, Jeff Bezos, incluído en la obra, le pareció demasiada libertad de expresión y prohibió esa muestra gráfica de humor político. La artista Ann Telnaes, ganadora del premio Pulitzer por sus viñetas de prensa, renunció a su puesto de trabajo. Afortunadamente el dibujo puede encontrarse en las redes. Por ahora…