La “Ley Clarín” convertida en hojarasca

Ricardo Porto
La “Ley Clarín” ha sido convertida en hojarasca. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha elaborado un proyecto de ley, recientemente enviado al Congreso, en donde se propone la derogación de un total de 63 normas, conocido como Ley Hojarasca.
En los fundamentos del proyecto, se afirma que la ley surge de “la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por hacer sido superado por normas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”.
Entre las diferentes normas que se derogan aparecen leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas, leyes que fueron superadas por la tecnología o el paso del tiempo y leyes que limitan la libertad individual.
Dentro del paquete de normas a derogar se encuentran algunas vinculadas con los medios de comunicación. Por caso, una que regula las transmisiones de la TV a color, cuya eliminación resulta razonable. No obstante, se incluye también la derogación de la Ley 25.750, denominada de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, popularmente conocida como “Ley Clarín”, ya que la norma procuraba proteger a diferentes medios de comunicación, entre ellos al Grupo Clarín.
En efecto, dicha ley determina que la propiedad de los medios de comunicación debe ser de compañías nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario. Luego, se agrega que dicho tope podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplen inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permitan. Por último, la Ley 25.750, determina la inaplicabilidad del mecanismo de salvataje de empresas previsto en la Ley de Quiebras, denominado cramdown, a los medios de comunicación.
En verdad, esa norma reflejó un momento determinado de la historia de los debates políticos y legislativos en torno a la participación de empresas extranjeras en las empresas periodísticas locales.
Al respecto, cabe recordar que la vieja ley de radiodifusión aprobada por la dictadura excluía la participación de medios gráficos nacionales y extranjeros en el mercado de radios y TV nacionales. El entonces presidente Carlos Menem modificó la Ley 22.285 permitiendo el ingreso de grupos periodísticos nacionales en el escenario audiovisual. La presión de los empresarios locales impidió que la apertura incluyera a grupos extranjeros.
La evolución del ecosistema comunicacional puso en el centro de la escena a los cableoperadores; por entonces pequeños y medianos empresarios locales. La apuesta de ese momento de los principales grupos de medios nacionales consistía en adquirir la mayor cantidad de emisoras posibles, dado que las originales redes de TV comenzaban a permitir la oferta de Internet y otras tecnologías. En realidad, más que una emisora virtualmente se compraba un pueblo conectado, al que se le podía vender diversos servicios de red.
Desde luego, la fiebre del cable elevó los precios por las nubes y puso de manifiesto la necesidad de recurrir a financiamiento externo. Fue entonces que los empresarios locales apoyaron la firma de tratados de promoción y protección recíproca de inversiones por parte del presidente Carlos Menem. Se suscribieron acuerdos con los Estados Unidos, Francia, España, Italia y Países Bajos, entre otras tantas naciones.
La crisis del 2001 volvió a cambiar las cosas. Buena parte de los grupos mediáticos nacionales se encontraban fuertemente endeudados con acreedores extranjeros. Fue entonces que el Congreso Nacional sancionó la mencionada Ley 25.750 que, como fue señalado, limita la inversión extranjera en la propiedad de los medios de comunicación y, paralelamente, impide que los inversores extranjeros tengan la posibilidad de tomar hostilmente a las empresas de capitales nacionales que se encontraban en concurso preventivo y atravesaban serios problemas financieros, como consecuencia de la depreciación de sus activos en dólares, producida por la devaluación y el considerable endeudamiento interno y externo del sector.
El proyecto de ley enviado al Parlamento por el presidente Javier Milei sostiene que esta norma es de dudosa constitucionalidad, afirmando que “En un proceso de integración al mundo y donde se busca fomentar la inversión extranjera a los fines de promover el empleo, dicha norma debe ser derogada”.
Ciertamente, tomar esta decisión requiere un debate mayor que dejar sin efecto buena parte de las leyes obsoletas incluídas en el proyecto Hojarasca. Delimitar la participación de empresas extranjeras en los medios locales no es lo mismo que derogar normas sobre la TV en color, la microfilmación para guardar documentos gubernamentales, el otorgamiento de un premio en metálico a quien descubra una mina de carbón, instaurado en la época de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento o la eliminación de la figura del padrinazgo presidencial.
Por lo demás, el ordenamiento jurídico es un sistema, un rompecabezas que se altera si se le quita o agrega una pieza. En efecto, derogar la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales sin modificar las disposiciones que limitan la participación de empresas extranjeras contenidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resulta incongruente y, a la vez, podría generar efectos contrarios a los deseados.
La tarea legislativa no se parece a la de un jardinero barriendo la hojarasca. Más bien, se asemeja a la de un sofisticado chef, que sabe que si combina mal los ingredientes, el plato, inexorablemente, resulta indigesto.