Ricardo Porto
Días atrás, Copesa, la empresa que edita el diario chileno La Tercera, presentó una demanda contra Google por abuso de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas y de publicidad asociada a las búsquedas. La cuestión central a resolver es la legitimidad de la utilización de los contenidos periodísticos del medio gráfico por parte de la firma norteamericana. Lo que decida el Tribunal de Libre Competencia del país trasandino es de suma importancia, dado que se trata de la primera acción de este tipo en Latinoamérica.
Desde hace años se viene consolidando la tendencia a consumir noticias en las redes. A su vez, esta transformación de los hábitos culturales genera consecuencias económicas en el ecosistema de medios, ya que incide en la distribución de la publicidad entre los diferentes actores del sector. Teniendo presente estas circunstancias, Copesa ha señalado que Google se ha valido de su poder virtualmente monopólico como buscador de noticias y utiliza sin licencia el material periodístico de las diferentes empresas gráficas. “Estas prácticas anticompetitivas de Google, además de socavar los ingresos por venta de publicidad digital de los medios de Copesa y otros medios, generan un círculo virtuoso para el negocio de Google, empresa que mantiene y fortalece su cuasi monopolio en el mercado de las búsquedas, maximizando la atención de los lectores en su plataforma, creando un mundo sin clics, en que los lectores consumen noticias directamente en la página de resultados de Google sin hacer clic en los enlaces de los sitios web de los medios de prensa que generan esas noticias”, agrega el comunicado de Copesa.
El investigador Santiago Marino, en una nota publicada en Observacom, recuerda que en 2021, en Australia se aprobó el Código de Negociación Obligatoria para las Plataformas Digitales y Medios Noticiosos, en donde se establecen mecanismos para que las grandes redes, como Google o Facebook, abonen a los medios gráficos por el uso de sus contenidos periodísticos. Se consideraba que estas mega empresas, dada su calidad de intermediarias, se quedaban con los mayores ingresos del mercado publicitario digital. El objetivo del gobierno australiano era, fundamentalmente, equilibrar la relación entre los distintos actores del nuevo ecosistema comunicacional, contribuir al desarrollo sostenible de los diferentes medios y asegurar el pluralismo informativo. Sin embargo, como indica Marino, a tres años de la sanción de la ley, la misma casi no se aplica y las grandes plataformas han recurrido a la celebración de acuerdos con las empresas gráficas, desde una posición de poder.
En nuestro país, en 2017, el Senado aprobó un proyecto de ley que regulaba la responsabilidad de las grandes plataformas por la difusión de contenidos audiovisuales. Cuando intervino la Cámara de Diputados, los titulares de los medios gráficos objetaron la iniciativa por no contener disposiciones específicas que obligaran a esas empresas a pagar por el uso de sus contenidos periodísticos. En medio de presiones cruzadas, el proyecto perdió estado parlamentario.
Volviendo a la demanda presentada por Copesa, es interesante destacar que la editora chilena solicitó al Tribunal de Libre Competencia que “examine dichas conductas de forma holística, teniendo a la vista la transformación de Google en un ecosistema en las últimas dos décadas y considerando la íntima interrelación entre los distintos mercados involucrados y el apalancamiento del poder que Google consigue a partir de unos para extenderlo hacia otros de esos mercados”.
La resolución que adopte el citado tribunal tendrá una gran influencia en toda la región, dado que procurará sugerir las nuevas reglas del ecosistema digital. Están en el centro de la escena diferentes cuestiones, tales como la transformación de los hábitos culturales en el acceso a las noticias, la vinculación de los diversos mercados comunicacionales, el poder de las grandes plataformas, la sostenibilidad económica de los medios tradicionales, el pluralismo y la diversidad de voces. Aspectos de vital importancia para el funcionamiento de las modernas sociedades democráticas.
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