Aporte en el libro Alfonsín visto por sus contemporáneos
Ricardo Porto Juan Radonjic
Como en todos los órdenes de la vida argentina, la presidencia de Raúl Alfonsín también marcó una ruptura con las décadas previas en materia de libertad de expresión, pluralidad de voces y de desarrollo de los medios de comunicación, y ello se materializó en diversas acciones de gobierno.
Una de las primeras leyes sancionadas por la nueva democracia fue la 23.052, que dispuso la disolución del Ente de Calificación Cinematográfico, que en el pasado se había caracterizado por la censura a las diferentes manifestaciones artísticas. Desde entonces, se instaló en el sector una verdadera cultura de la libertad.
Poco tiempo después, en marzo de 1984, se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica; a la que, más tarde se sumarían otros tratados internacionales de derechos humanos, que luego serían incorporados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Estos instrumentos produjeron un cambio institucional muy profundo en diversas áreas y, fundamentalmente, en el ámbito de las comunicaciones. La incorporación de esta normativa amplió los márgenes de la libertad de expresión y el derecho a la información, sirvió para condenar diversas formas de censura y robusteció el funcionamiento de los medios de comunicación.
A partir de este nuevo contexto institucional se hicieron reformas parciales a la legislación en comunicaciones, inspiradas en la apertura y la libre circulación de información, dado que los acuerdos internacionales promovían la libertad de expresión, por cualquier medio y sin límites de fronteras. En ese orden de ideas, se autorizó la libre recepción de señales de radio y televisión emitidas por satélites. De este modo, quedó sin efecto una vieja cláusula de la dictadura que cerraba los cielos del país.
En este nuevo escenario salieron a luz todos los temas que habían estado ocultos, dejó de haber cuestiones prohibidas de las que no se podía hablar y se eliminaron todas las proscripciones. Por supuesto que hubo sectores, acostumbrados al oscurantismo, que criticaron duramente esa apertura. Pero Alfonsín siempre la sostuvo con convicción.
El Gobierno se encontró, además, con un conjunto de medios de comunicación que venían siendo administrados por el Estado desde 1974. Lejos de ser considerados públicos, habían sido manipulados al servicio de los sucesivos gobiernos. El desafío para la presidencia de Alfonsín era administrar esos medios con un criterio democrático y darles espacio a todos los sectores. Algo que se logró, y que fue reconocido por los partidos políticos de la oposición. El reclamo de la sociedad en aquel tiempo, luego de lo vivido en los años previos, era que los medios fueran abiertos y pluralistas.
Al mismo tiempo, se impulsó un amplio debate sobre la creación de un nuevo marco regulatorio en materia de radiodifusión, dado que la ley sancionada por la dictadura era incompatible con un país democrático. En todo momento, Alfonsín consideró que era necesario contar una nueva legislación para los medios, en donde las emisoras privadas pudieran competir y operar libremente, coexistiendo con medios públicos no gubernamentales. Estaba convencido, además, de que debía evitarse la conformación de monopolios. En esa inteligencia, se envió al Parlamento un Proyecto de Ley de Radiodifusión, que fue elaborado por el Consejo de Consolidación de la Democracia, presidido por el jurista Carlos Nino, y que fue producto de un intenso proceso deliberativo entre los diversos protagonistas del sector. Muchos especialistas consideran que es la mejor propuesta elaborada por la democracia argentina en la materia.
Lamentablemente el proyecto de ley no pudo ser sancionado. No obstante, es necesario advertir que no le ha resultado fácil a la democracia argentina reemplazar las leyes sobre comunicaciones, aún cuando éstas fueron sancionadas por diferentes dictaduras. Por caso, la Ley de Telecomunicaciones 19.798, de 1972, recién fue reemplazada en 2014, por la Ley 27.078 Argentina Digital. Debieron pasar 42 años. La Ley de Radiodifusión 22.285, sancionada en 1980, quedó sin efecto en 2009, luego de 29 años, con la sanción de la Ley 26.522, que, incluso, tuvo serias dificultades en su aplicación. Asimismo, el gobierno de Mauricio Macri, luego de derogar parcialmente las citadas normas se propuso enviar al Parlamento un proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Al finalizar su mandato, no sólo no envió ese proyecto al Congreso Nacional, sino que nunca pudo formalmente presentar siquiera un anteproyecto de ley. Todo esto permite apreciar las serias dificultades políticas para legislar sobre comunicaciones que han tenido los diferentes gobiernos, aún aquellos que ocuparon el poder en contextos democráticos consolidados y con mayorías parlamentarias.
Sin perjuicio de ello, la falta de una ley de radiodifusión no le impidió a Alfonsín preservar un escenario institucional de amplio pluralismo y libertad de expresión. Por lo demás, se hicieron algunas reformas parciales orientadas a esos fines. En ese orden, cabe recordar que el Comité Federal de Radiodifusión, COMFER, de acuerdo a lo dispuesto por la ley de la dictadura, estaba conformado por un directorio integrado por representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, la Secretaría de Información Pública, la Secretaría de Comunicaciones y por licenciatarios de las entidades de radio y televisión. A poco de asumir, el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín dejó sin efecto ese organismo y puso al frente del COMFER a un Delegado Normalizador que supervisó el funcionamiento de las radios y canales de TV con criterios absolutamente democráticos.
En la misma orientación, se autorizó a diferentes universidades públicas a contar con sus propias emisoras radiales. Hasta entonces solo las universidades nacionales de La Plata, Córdoba, Tucumán y el Litoral contaban con radios. La apertura dispuesta por Alfonsín, continuada luego en el tiempo, sumó nuevas voces al universo comunicacional, que comenzó a ser más amplio, diverso y federal.
Una verdadera deuda de la democracia argentina, desde 1983 a la fecha, es contar con una ley de publicidad oficial que permita informar a la población sobre los actos de gobierno y, a la vez, distribuir de manera justa y equitativa los avisos estatales. Esta asignatura pendiente incluye no solo al gobierno nacional, sino también a la mayoría de los estados provinciales y municipales. No obstante, la falta de una norma general no le impidió a Alfonsín asignar la publicidad sin discriminaciones. No se intentó manipular la opinión pública ni se premió o castigó a ningún medio de comunicación a partir de la mayor o menor cercanía con las ideas del Gobierno, como fue habitual en casi todas las gestiones posteriores. Ese punto fue clave para que los medios privados pudiesen trabajar con libertad y sin condicionamientos.
El gran legado de Raúl Alfonsín fue su invalorable aporte a la consolidación del sistema democrático, y él tenía plena conciencia que eso sólo era posible asegurando la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de voces. Afortunadamente para todos los argentinos, lo logró.
Juan Radonjic
Secretario de Información Pública (1985-1987)
Ricardo Porto
Subsecretario de Comunicación Social (1988-1989)
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