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  • Madison celebraría el fallo que condenó a Google

    Madison celebraría el fallo que condenó a Google

    Todos recuerdan la emblemática foto tomada en el acto de asunción del segundo mandato de Donald Trump. La presencia de los principales titulares de las más importantes empresas de comunicaciones, Meta, Google, X y Amazon, sentados en primera fila, escuchando el discurso del presidente, mostraba la profunda relación entre las grandes empresas tecnológicas y el Estado.

    En realidad, no sólo se trataba de imágenes. Una importante cantidad de funcionarios de este tipo de compañías se han sumado al nuevo gobierno republicano. Desde luego, el más importante es Elon Musk, designado a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero, además, Michael Kratsios, elegido para dirigir la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, fue director general de Scale AI, una empresa de infraestructura de Inteligencia Artificial. Para conducir la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) Donald Trump eligió a Jared Isaacman, fundador de Shift4 Payments, empresa que gestiona los pagos de un tercio de los restaurantes y hoteles de Estados Unidos. El empresario de origen egipcio, Emil Michael, exdirector comercial de Uber, fue anunciado como subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería. El español Darío Gil, vicepresidente y director de IBM Research, fue nominado para ser subsecretario de Ciencia e Innovación en el Departamento de Energía. A ello hay que sumar el alineamiento de Mark Zuckerberg con las políticas de Trump y su decisión de mudar el área de moderación de contenidos de San Francisco a Texas.

    Todo este desembarco de ejecutivos de las empresas de TIC en el Estado permite imaginar la concesión de una serie de privilegios por parte del gobierno republicano. En este contexto, el reciente fallo de la justicia de ese país, que condenó ciertas prácticas de Google como monopólicas, más allá de sus consideraciones técnicas, representa un saludable ejemplo de funcionamiento institucional.

    Aspectos técnicos y políticos del fallo

    La jueza de Virginia, Leonie Brinkema, en un fallo de más de 100 hojas, afirmó que “Los demandantes han demostrado que Google ha incurrido deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos con el fin de adquirir y mantener el poder monopolístico en los mercados de servidores publicitarios para editores y de intercambio de anuncios para publicidad gráfica en la web abierta”. Luego, agregó que durante más de una década, la empresa vinculó su servidor publicitario para editores y su plataforma de intercambio de anuncios mediante políticas contractuales y acciones de integración tecnológica, lo que le  posibilitó establecer y proteger su poder monopolístico en estos dos mercados. En suma, la justicia consideró que Google utilizó ilegalmente su poder dominante para afectar la competencia en el sector.

    Cabe señalar que los demandantes habían solicitado, entre otras cosas, la división de Google. Esta petición recuerda al famoso caso de los años 70, en donde la empresa AT&T fue dividida, dando origen a las denominadas Baby Bell. No obstante, en esta oportunidad, la justicia no ha avanzado en ese camino.

    Los representantes de Google criticaron el fallo, afirmando que se cuestiona una gestión exitosa. Señalaron que los usuarios de Internet deciden libremente utilizar su motor de búsqueda por la calidad del mismo, aclarando que podrían dejar de hacerlo cuando lo deseen y elegir otro competidor sin ningún inconveniente. Finalmente, destacaron que la posición que logró la empresa es fruto de su permanente innovación tecnológica y las inversiones realizadas, en un mercado fuertemente competitivo.

    Una objeción interesante de Google refiere que la jueza adoptó un modelo inadecuado de mercado para condenar el accionar de la empresa. Explicaron que el dinamismo del escenario tecnológico exigía incluir los diferentes anuncios que aparecen en una diversa gama de aplicaciones móviles, servicios de televisión en streaming u otras plataformas a las que los usuarios de internet recurren frecuentemente.

    Una objeción similar fue esgrimida en el caso Clarín. La ley 26.522 promulgada por Cristina Kirchner establecía la desconcentración del mercado tradicional de medios de comunicación, que incluía solamente a las estaciones de radio y televisión. Quienes criticaron esa medida afirmaban que el ecosistema comunicacional incluía a nuevos actores, tales como YouTube, Google, Facebook, Netflix y otros servicios de video a demanda que competían en el escenario audiovisual y que la mencionada ley no contemplaba.

    Por otro lado, cabe señalar que la decisión adoptada por la justicia norteamericana se basó, principalmente, en dos viejas leyes antitrust. La Sherman Act, sancionada en 1890 y la Clayton Act, de 1914. En el continente europeo el combate a los monopolios de las TIC se implementa de un modo diferente. Por caso, existe una normativa mucho más actualizada y específica, como la Ley de Mercados Digitales, dictada en 2022, mediante la cual se imponen un conjunto de obligaciones a las plataformas más importantes, denominadas “Guardianes de Acceso”, para evitar que abusen de su poder frente a otras empresas competidoras y a los consumidores. Entre ellas se encuentran Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y Samsung. Asimismo, existe la Ley de Servicios Digitales, aprobada por el Parlamento Europeo el 19 de octubre de 2022, que también contiene disposiciones orientadas a limitar el accionar de las grandes empresas de Internet.

    Más allá de las cuestiones específicas vinculadas al caso, referida a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y la competencia en el sector, puede hacerse una lectura política del fallo de la jueza Leonie Brinkema. 

    Los padres fundadores de la democracia de los Estados Unidos diseñaron una constitución basada en el denominado  checks and balances, o frenos y contrapesos. Se trata de un sistema de control y equilibrio institucional entre los diferentes poderes del Estado. Su objetivo principal es evitar los excesos o abusos de un poder sobre otro. Con ese propósito se dotó al Presidente, al Congreso y al Poder Judicial de diferentes mecanismos para impedir que tengan lugar extralimitaciones de alguna rama del gobierno.

    Madison escribió en El Federalista que si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarias las controlarías externas ni las internas del gobierno. Más adelante dejó de lado las metáforas y afirmó que “…en principio, las instituciones tienen que diseñarse con la presunción de que los funcionarios actuarán como demonios. Si el sistema institucional es capaz de resistir a esa banda de demonios, puede considerarse bien construído”.

    El reciente fallo condenatorio de Google, en un contexto en donde las principales empresas tecnológicas aparecen fuertemente aliadas al gobierno, sin perjuicio de los aspectos particulares del caso, representa un esquema institucional que preserva una valiosa independencia de poderes.  

    Madison, Hamilton, Jefferson y los restantes padres fundadores sonreirían satisfechos.

  • Redes y plataformas: erosionan la conversación democrática

    Redes y plataformas: erosionan la conversación democrática

    Nota publicada en elDial.com

    Introducción

    La conversación democrática, es decir los debates que mantiene la sociedad sobre diversos asuntos de interés público, se vinculan fuertemente con la teoría jurídica de la democracia deliberativa. Esta postura fue desarrollada por diversos autores, tales como Jürgen Habermas, Jon Elster, John Rawls, Joshua Cohen y Amy Gutmann, entre otros. Si bien cada uno de ellos ofrece miradas específicas sobre esta cuestión, en términos generales coinciden en que se trata de un esquema que procura complementar la noción de democracia representativa, a través de un proceso colectivo de toma de decisiones. Dicho procedimiento deliberativo supone una práctica discursiva, basada en razonamientos públicamente expuestos, en donde todos los afectados por las decisiones que se adopten tienen la posibilidad de participar y hacer oir su voz.

    En nuestro país, el principal exponente de esta corriente ideológica fue Carlos Nino, quien, en su obra, denominada precisamente: La Constitución de una democracia deliberativa, presenta su propia teoría, según la cual la democracia debe ser un diálogo moral capaz de generar una perspectiva imparcial que pueda abarcar los diferentes intereses de todos los ciudadanos. Allí reside su legitimidad ética. Nino asigna un valor epistémico a este procedimiento de toma de decisiones, que se opone fuertemente a visiones elitistas de la democracia, según la cual supuestos expertos estarían más capacitados que las mayorías populares en la toma de decisiones.

    Sin perjuicio de la relevancia de estas teorías, no es el objeto de este trabajo analizar las diferentes concepciones de la democracia deliberativa que presentan distintos autores. Solo me interesa destacar la importancia de la conversación democrática como sustento de nuestro sistema político, que supone la existencia de ciudadanos bien informados que toman decisiones racionales sobre asuntos de interés público.

    En ese orden de ideas, resulta necesario analizar cómo impacta en la conversación democrática el intercambio de informaciones e ideas que se desarrolla en diversas plataformas y redes sociales. Se trata de considerar de qué manera inciden y moldean el debate público las diversas Tecnologías de la Información y la Comunicación. En cierto modo, como se pregunta Daniel Innerarity, el interrogante es si la ampliación de la comunicación favorecida por internet ha contribuido a fortalecer o a debilitar a la democracia.

    Información y verdad

    Desde luego, en primer lugar corresponde destacar los numerosos aspectos positivos que ha generado la difusión del conocimiento en todas las ciencias y actividades desarrolladas por la sociedad. Las TIC han contribuido al progreso humano como nunca antes en la historia. La medicina, la educación, la economía, las artes, entre tantas otras disciplinas, se han visto ampliamente beneficiadas por las nuevas tecnologías. A ello se ha sumado la Inteligencia Artificial, con sus innegables aportes.

    También el debate público se ha visto enriquecido como consecuencia de la amplísima circulación de la información. Por cierto, la posibilidad de recibir y difundir informaciones e ideas, de manera virtualmente ilimitada, ha significado una expansión de la libertad de expresión sin precedentes en la historia de la humanidad.

    Desde hace décadas las personas no tienen la necesidad de recurrir a los tradicionales medios de comunicación de masas para hacer oir sus voces en cualquier lugar del mundo. Esta verdadera explosión informativa ha desbordado los viejos mecanismos de censura que los gobiernos autoritarios utilizaban. Sin dudas, han aparecido nuevas y sofisticadas medidas restrictivas para intentar ocultar la realidad. No obstante ello, el problema central de nuestra época no reside en la falta de acceso a la información, sino en la manipulación de la misma, la desinformación y las fake news, entre otras. Precisamente, la intención del trabajo es poner el acento en algunos de los efectos disvaliosos para la conversación democrática que han venido de la mano de las TIC, con el objeto de poder remediarlos.

    Un primer aspecto a considerar es que las teorías en materia de libertad de expresión tradicionales procuraron, desde diferentes miradas, asegurar que las personas recibieran la mayor cantidad de información posible. El objetivo central pasaba por garantizar el derecho a la comunicación, el pluralismo y la diversidad de voces, partiendo del supuesto tácito de la escasez de información. Sus principales institutos jurídicos, tales como el derecho de réplica, el mercado libre de ideas, las cuotas de pantalla, la regulación de las redes de emisoras, la defensa de la competencia, o incluso medidas técnicas, como la administración del espectro radioeléctrico, la reserva de frecuencias para prestadores sin fines de lucro o la adjudicación de licencias, entre otras, asumen tácitamente que la información es un bien escaso y que se debe distribuir equilibradamente.

    La jurisprudencia que acompañaba esta concepción ideológica sostenía que los problemas derivados de la información se remediaban con más información. En el célebre caso Whitney vs. California, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que “El temor a un grave daño no puede justificar por sí solo la represión de la libertad de palabra…Si hay tiempo para exponer falsedades y falacias….el remedio a aplicarse es una mayor libertad de palabra, es la discusión, no el silencio obligado”. Esta tesis, desarrollada por el juez Louis Brandeis, se la ha denominado doctrina del contradiscurso. Por su lado, otro juez americano, Oliver Wendell Holmes, en Abrams vs. USA, establecía la teoría del mercado libre de ideas. Con base en las obras de Jhon Milton, Sobre la Libertad, y Areopagítica, de Jhon Milton, en su sentencia afirmaba que “…al ansiado bien supremo se llega mejor a través del libre intercambio de ideas; de que la mejor prueba a que puede someterse la verdad es la capacidad del pensamiento para imponerse en un mercado en el que entre en competencia con pensamientos contrarios”.

    Yuval Noah Harari llama a esta postura idea ingenua de la información, que considera que la información es un intento de representar la realidad y cuando ese intento tiene éxito se lo denomina verdad. Harari, por el contrario, afirma que la mayoría de la información no intenta representar la realidad. “Errores, mentiras, fantasías y ficciones también son información. Al contrario de lo que defiende la idea ingenua de la información, ésta no tiene una relación esencial con la verdad, y su papel en la historia no es representar una realidad preexistente. Más bien, lo que hace la información es crear nuevas realidades al conectar entre sí cosas dispares”. Luego, ejemplifica su idea sosteniendo que “A veces, una representación veraz de la realidad puede conectar a los seres humanos, como cuando seiscientos millones de personas se hallaban sentadas y pegadas a sus televisores en julio de 1969 para ver como Neil Amstrong y Buzz Aldrin caminaban sobre la Luna…Sin embargo…a veces, representaciones erróneas de la realidad pueden actuar como un nexo social, como cuando millones de seguidores de una teoría de la conspiración ven un video de YouTube que afirma que el alunizaje nunca tuvo lugar. Esas imágenes transmiten una representación errónea de la realidad, pero aún así podrían originar sentimientos de odio hacia las clases dirigentes o de orgullo por la sabiduría de uno mismo que coadyuvan a crear un nuevo grupo de cohesión”.

    En este orden de ideas, Harari se preocupa de desvincular los conceptos de información y verdad. Por caso, recuerda que quienes conectan la imprenta con la ciencia dan por sentado que producir y difundir información lleva inevitablemente a la verdad. Olvidan que, si bien es cierto que la imprenta permitió la difusión rápida de datos científicos, también posibilitó las fantasías religiosas, las noticias falsas, las supersticiones y la caza de brujas. En el plano político, rechazando todo tipo de determinismo tecnológico, advierte que si bien los medios masivos de comunicación condujeron al auge de la democracia, también contribuyeron a la consolidación de los totalitarismos.

    Siguiendo esta línea de razonamiento podemos arribar a dos ideas preliminares. La primera de ellas nos muestra a las teorías clásicas en materia de libertad de expresión, que, partiendo del supuesto de la escasez, procuran expandir la circulación de la información de la manera más profunda y equilibrada. En segundo término, hemos visto que esa expansión informativa ha tenido, a lo largo de la historia, efectos tanto valiosos, como disvaliosos.

    Fragmentación social y modelo de negocios

    Una de las diferencias más importantes entre la lógica del derecho de la libertad de expresión que pretendió regular a los medios de comunicación tradicionales y los desafíos jurídicos que presentan las plataformas digitales actualmente, es su vinculación con la cantidad de información. Mientras que la teoría clásica partió de la base de la escasez y pretendió garantizar más y mejor información, la sociedad de la era de las redes, por el contrario, enfrenta los riesgos de la sobredosis de información.

    En efecto, la cantidad de información que circula por las redes es de tal magnitud que resulta imposible procesarla y asimilarla. En ese orden de ideas, si bien Internet indudablemente ha potenciado la libertad de expresión al permitir que millones de personas reciban y difundan informaciones e ideas; a la vez, las desigualdades en el acceso a las redes, la concentración de las plataformas, la viralización de fake news y los discursos de odio, entre otros elementos, han generado diversos efectos disvaliosos para el debate público. Como ha señalado Daniel Innerarity “La democracia requiere una conversación de calidad y un espacio público que la permita y fomente. La digitalización está implicando una modificación tan radical que exige pensar desde categorías nuevas sobre cómo se realiza ese diálogo que tan necesario es para el desarrollo de la democracia”.

    En un postura que presenta ciertas coincidencias con la sustentada por Harari, el filósofo surcoreano Byung Chul Han expresa que la información por sí sola no explica el mundo, sino que, incluso, a partir de un punto crítico lo oscurece. Recibimos la información con la sospecha de que su contenido pueda ser diferente y esto genera desconfianza. La sociedad de la información es la sociedad de la desconfianza, resume. Luego, agrega que la pérdida de la fé en la verdad conduce a un nuevo nihilismo, que es fruto de las distorsiones de la sociedad de la información. “El nuevo nihilismo no supone que la mentira se haga pasar por verdad o que la verdad sea difamada como mentira. Más bien socava la distinción entre verdad y mentira”. En ese orden de ideas, advierte que las noticias falsas no son mentiras, sino que atacan a la propia facticidad. En tal sentido, ejemplifica su postura diciendo que cuando Donald Trump afirma sin tapujos cualquier cosa que le convenga, no es el clásico mentiroso que tergiversa de manera deliberada las cosas, sino que es indiferente a los hechos. Finalmente, Han advierte la incompatibilidad de la democracia con esta nueva forma de nihilismo.

    En este contexto, es necesario advertir el rol que desempeñan las redes y plataformas digitales, no solamente en la difusión de la información, sino en el ordenamiento de la misma. Google, por caso, se autoadjudica la misión de organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos. Otras empresas desarrollan una similar tarea en orden la selección y presentación de temas e ideas. Por ello, es necesario analizar su comportamiento y el impacto de este tipo de conductas empresarias en el debate público. Entre ellas, pueden señalarse las que deciden excluir o limitar algunas voces, jerarquizar ciertos contenidos, recomendar a los usuarios determinada información, reducir el alcance de algunas expresiones y etiquetar a ciertos comunicadores, entre otras.

    Muchas de estas conductas, más allá de ciertas justificaciones, pueden afectar la integridad del debate público sobre el cual se asienta la democracia, tal como la concebimos en nuestros días. Incluso algunas medidas que pueden parecer inocuas, como por ejemplo las recomendaciones que hacen las plataformas a los usuarios, sin perjuicio de ciertos aspectos positivos, conduce a que estos solo reciban información de su preferencia, con lo cual se forman burbujas de personas que comparten valores similares. Como señala Van Dijck, esto lleva a una suerte de fragmentación social, que afecta seriamente el pluralismo y la diversidad de voces. Tema de central importancia en la regulación democrática en materia de comunicaciones.

    En este orden de ideas, Jorge Bercholc advierte que la limitación de la diversidad de opiniones conduce a que los diferentes grupos refuercen sus propias convicciones previas. “La dinámica y rapidez de los mensajes no se correlaciona eficazmente, por su reduccionismo, con la complejidad de los temas que se tratan; ello lleva a simplificaciones extremas de los argumentos que ayudan a la polarización.” Aportando una mirada similar, Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, señalan que la polarización se combina con la dinámica propia de las burbujas de las redes sociales, en la cual las noticias que generan un efecto emotivo basado en la indignación circulan más rápidamente en comunidades que se las envían y se indignan en conjunto.

    Una variante extrema de esta suerte de ira digital colectiva tuvo lugar en Myanmar (ex Birmania) en los años 2016 y 2017. Por entonces, en el país existían fuertes disputas entre birmanos, budistas y rohinyas. Un conjunto de hechos de violencia generados por grupos extremos de rohinyas desataron una respuesta igualmente violenta por parte de otros sectores sociales enfrentados a ellos. El conflicto escaló y se agudizó a raíz de la difusión por las redes de diversas noticias, algunas falsas y otras ciertas, de atentados realizados por los rohinyas. La indignación colectiva contra ellos crecía día a día, alimentada por la viralización de esos hechos. El modelo de negocios de las plataformas exigía que la gente permaneciera más tiempo frente a las pantallas y eso se lograba mostrando violencia. No era la gente quien elegía lo que miraba, sino los algoritmos de las empresas. Al respecto, diversos analistas destacan la diferencia de este caso con el rol desempeñado por los medios de comunicación en la masacre de Ruanda, en donde las arengas de los incitadores al odio fueron reproducidas por diversas emisoras radiales. En Myanmar, en cambio, las propias plataformas contribuyeron a la violencia. Desde luego, no se propusieron maliciosamente alimentar el odio; no obstante, al exigir a sus algoritmos que trataran de mantener a sus usuarios frente a las pantallas, fue exactamente lo que lograron.

    En este orden de ideas, es pertinente advertir la incidencia de ciertos aspectos comerciales en la fragmentación producida en el ecosistema digital. Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Americana de Derechos Humanos ha tomado nota que el auge de discursos es acelerado por el modelo de negocios de las plataformas, a las que les puede resultar funcional, e incluso rentable, la polarización y la conflictividad social, en la medida en que su diseño estaría en parte orientado a conservar y aumentar la atención de los usuarios y mantenerlos en ellas.

    Desde luego, los antagonismos sociales, en cierto modo fomentados por las redes, no necesariamente conducen a hechos violentos. No obstante, los integrantes de las burbujas digitales suelen compartir un conjunto de valores en donde los factores emocionales tienen un lugar significativo, afectando la racionalidad, propia de la conversación democrática. Han, por ejemplo, explica que la fragmentación social que se produce como consecuencia del accionar de las plataformas conduce a la tribalización de la red. “Las tribus digitales hacen posible una fuerte experiencia de identidad y pertenencia. Para ellas, la información no es un recurso para el conocimiento, sino un recurso para la identidad”. Luego, agrega que los colectivos identitarios tribalistas rechazan todo discurso, todo diálogo, por lo cual el entendimiento ya no es posible. “La comunicación actual es cada vez menos discursiva, puesto que pierde cada vez más la dimensión del otro. La sociedad se está desintegrando en irreconciliables identidades sin alteridad. En lugar de discurso, tenemos una guerra de identidades…Ya no nos escuchamos. Escuchar es un acto político en la medida en que integra a las personas en una comunidad y las capacita para el discurso. Crea un nosotros. La democracia es una comunidad de oyentes. La comunicación digital como comunicación sin comunidad destruye la política basada en el escuchar. Entonces, solo nos escuchamos a nosotros mismos. Eso sería el fin de la acción comunicativa”

    En este contexto, cabe advertir que algunas actividades desarrolladas por las redes sociales han contribuido a la desintegración del debate público, lo cual está conduciendo a la relativización de la idea de verdad. Daniel Innerarity explica que la democracia supone una ciudadanía bien informada e implica que personas con perspectivas diversas se encuentren para debatir y buscar soluciones comunes a través del diálogo y la participación. “Al determinar qué información se muestra y se consume, las tecnologías de IA utilizadas por las plataformas digitales y otros canales pueden contribuir a fomentar la desinformación y el discurso de odio, crear cámaras de eco que llevan a los individuos a un estado de aislamiento intelectual en el que no hay lugar para el diálogo, erosionando así el pensamiento crítico y perturbando la democracia”. En cierto modo, no serán las personas quienes realmente elijen los contenidos que ven, sino que los algoritmos lo hacen por ellos.

    Tecnofeudalismo y transhumanismo corporativo

    Como fue señalado, además de la fragmentación social y el efecto burbuja que producen ciertas determinaciones de las plataformas, existen otras medidas adoptadas por las redes que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información y, consecuentemente, inciden en la conformación del debate público. Ana Laura Pérez Bertrán y Carolina Martínez Elebi afirman que, además de la eliminación directa de contenidos, sin dudas la decisión más importante que adoptan las plataformas, existen otros mecanismos más sutiles e imperceptibles que tienen una gran incidencia en la conversación democrática. Por caso, señalan la jerarquización o priorización de contenidos, la recomendación de información, la reducción del alcance de ciertos contenidos, la invisibilización o shadowban, el etiquetado o flagging, la remoción de contenidos y la suspensión y eliminación de las cuentas, entre otras.

    Por otro lado, existen algunas redes que parecen alentar un mundo sin noticias. Esto se debe a varias causas. Por caso, la exigencia de los medios de comunicación tradicionales a las redes de un pago por el uso de sus noticias, las responsabilidades que le asignan ciertas leyes, la demanda de los consumidores que exigen entretenimiento y los modelos de negocios de algunas plataformas que proponen una realidad tipo Disneylandia, como un juego, alejada del mundo real, entre otras causas. De acuerdo al informe realizado por Digital News Report, basado en datos de 46 mercados, entre los que se incluye la Argentina, se ha agudizado la desconfianza, el hartazgo y el desinterés frente a las noticias en los diferentes países. Esta evasión selectiva aumentó significativamente en los últimos años, especialmente en Brasil y el Reino Unido.

    Esta variada gama de conductas adoptadas por ciertas plataformas inciden en el debate público y, en consecuencia, afectan el modelo tradicional de democracia, que supone ciudadanos bien informados sobre los asuntos de interés público, que toman decisiones racionales. Asimismo, existen fundadas sospechas de falta de transparencia y discrecionalidad de las decisiones adoptadas por las redes en las diferentes actividades que supone la curación y moderación de contenidos. El Relator de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión ha señalado que las plataformas son reguladores enigmáticos que establecen una especie de ley de las plataformas en las que es difícil percibir elementos tales como claridad, coherencia, rendición de cuentas y reparación.

    En otro orden, es posible vincular ciertas conductas adoptadas por las plataformas con elementos macroeconómicos. Esteban Zunino, por caso, afirma que la concentración económica consolida una centralización geográfica de la producción con consecuencias sobre el temario y los encuadres de los asuntos públicos. “El corolario resulta obvio: la multiplicidad de pantallas no es sinónimo de ruptura de la posición dominante de los grupos mediáticos de mayor escala. En tanto, la homogeneidad de contenidos informativos sobre los asuntos públicos puestos en circulación resulta contradictoria con la premisa del pluralismo, aún en un ecosistema que multiplicó la oferta y diversificó los consumos”. Así las cosas, un esquema de medios dominados por un grupo pequeño de corporaciones globales que intervienen en los flujos informativos a través de una programación algorítmica opaca la calidad del debate público en la democracia. Para algunos tiene lugar una suerte de feudalismo de plataformas que monopolizan la distribución de información en el mundo.

    Distintos autores hacen referencia al concepto de Tecnofeudalismo, asemejando los señores feudales del medioevo a los actuales titulares de las empresas de TIC, en donde los viejos siervos de la gleba son reemplazados por los nuevos siervos digitales. Uno de ellos es Yanis Varoufakis, quien advierte que las redes y plataformas concentran el capital y el poder en las sociedades, al poseer, además de fuertes ingresos económicos, la información de sus usuarios, por lo cual influyen y condicionan la vida de los mismos. Advierte que estamos frente a una nueva forma de capitalismo que se distancia del neoliberalismo. Asimismo, considera esta circunstancia una amenaza para la democracia, dado el poder de estas megaempresas, que superan a los poderes públicos. Otro autor que también hace referencia al concepto de Tecnofeudalismo es Cédric Durand, quien sostiene que el capitalismo neoliberal está dando paso al feudalismo tecnológico, en donde las empresas de TIC concentran el poder económico y controlan la vida de los usuarios a partir de la información que poseen.

    Maximiliano Zeller da un paso más y hace referencia al concepto de Transhumanismo Corporativo. En primer lugar, advierte que las diferentes posiciones que se etiquetan bajo el nombre de transhumanismo sostienen una hipervaloración de la tecnología. Se trata de un enfoque racionalista, voluntarista y utilitarista que confía en el poder de la ciencia y la razón para resolver los diferentes problemas de la humanidad. Constituye una suerte de utopismo tecnológico que, partiendo de una visión optimista, confía en un progreso tecnológico virtualmente ilimitado. Sin perjuicio de este transhumanismo teórico o académico, Zeller se interesa en describir al Transhumanismo Corporativo, representado por la elite ultra rica de los empresarios tecnológicos radicados en Silicon Valley. Entre ellos, cita a Mark Zuckerberg y su insistencia en crear un metaverso; Elon Musk y su propósito de establecer una colonia en Marte y Raymond Kurzweil, quien se propone explícitamente eliminar la muerte. No obstante, Zeller advierte que tras las declaradas intenciones de salvar a la humanidad se esconde una ideología extremadamente individualista. En tal sentido, afirma que “Esta ideología californiana que produjo el transhumanismo corporativo se originó en un contexto específico, donde un grupo de individuos vivía en una región con características socioeconómicas y tecnológicas particulares que incentivaban la creencia en una salvación individual y lucrativa”. En este orden de ideas, advierte los riesgos para la democracia que supone el constante crecimiento de los dueños de estas megaempresas de TIC.

    En este contexto, el comienzo del segundo mandato presidencial de Donald Trump no hace sino agravar y multiplicar esos riesgos. La presencia de los más importantes dueños de las empresas de TIC en el nuevo gobierno estadounidense marca una nueva etapa en donde el poder de las mismas podrá alcanzar niveles nunca vistos. Probablemente, entre otras cosas, crecerá el denominado por la académica estadounidense Shoshana Zuboff, capitalismo de vigilancia; concepto por el cual se considera que las grandes empresas tecnológicas utilizan los datos personales de los usuarios para predecir el comportamiento social. En este contexto, los datos se convierten en mercancías sujetas a compraventa.

    Asimetría de conocimiento

    Como fue señalado, el crecimiento de las empresas de TIC y de sus propios titulares, está modificando el debate público sobre el cual se sustenta la democracia. Una complicación adicional es que esta profunda transformación no es cabalmente comprendida; no solo por las personas del común, sino por los funcionarios y representantes políticos. Incluso los propios expertos de diferentes sectores no alcanzan a dimensionar esta nueva realidad. En efecto, los cambios en el universo de las TIC son tan vertiginosos que las investigaciones académicas y de mercado sobre el tema han quedado rezagadas frente a la velocidad del fenómeno. Un ejemplo de ello es el sector financiero, cuya transformación como consecuencia de las diversas tecnologías, sólo comprende un reducido grupo de especialistas. Cabe preguntarse qué sucederá cuando la Inteligencia Artificial desarrolle operaciones económicas y bursátiles de tal complejidad que sean incomprensibles para la mente humana. Harari advierte que esta circunstancia debería “…alentarnos a prestar más atención a la revolución de la IA en nuestros debates políticos actuales. La invención de la IA podría ser más trascendente que la invención del telégrafo, la imprenta e incluso la escritura, porque la IA es la primera tecnología de la historia capaz de tomar decisiones y de generar ideas por sí misma”.

    Actualmente, ya existe una marcada asimetría de información entre empresarios y legisladores en relación con las TIC, que está incidiendo en las políticas públicas. Así, el dinamismo propio de las nuevas tecnologías torna obsoleta rápidamente buena parte de la legislación en la materia. En este contexto, la tarea de actualización normativa suele ser encarada por los funcionarios de la administración central y de las agencias reguladoras, más que por los legisladores, dada las dificultades propias del ámbito parlamentario. De este modo, la mayor calidad técnica de las normas se combina con una menor credencial democrática de las mismas.

    Otra modificación que se está produciendo en la conversación democrática como consecuencia de las TIC es que la misma no se limita a un debate entre seres humanos. La cada vez más significativa presencia de bots en redes y plataformas erosionan las bases del debate público. No solamente se desvirtúa el sentido de la discusión, sino que, además, al participar de ese supuesto debate, las personas entregan información a los algoritmos, que a la vez, obtienen más elementos para incidir en la conversación y desnaturalizarla.

    Desde luego, todas estas circunstancias agudizan la desinformación y la circulación de noticias falsas. Como señala Han: “En el orden digital, la verdad deja paso a la fugacidad de la información. Hoy vamos a tener que conformarnos con la información. Es evidente que la época de la verdad ha terminado… En la sociedad actual, los ciudadanos ya no son capaces de creer en un fondo común de discusión que permita iniciar una discusión. Ya no pueden siquiera suponer que han participado en esta discusión como miembros de la misma comunidad. La esfera pública que Arendt y Habermas presentan como ideal no existe….La democracia no es compatible con el nuevo nihilismo. Presupone un discurso de la verdad”.

    A modo de reflexión final

    La idea central del presente trabajo es que las redes y plataformas están modificando sustancialmente la conversación democrática. Por lo demás, el poder de las grandes empresas del ámbito de las TIC supera en muchos casos al que detentan los Estados. Paralelamente, tiene lugar un evidente proceso de concentración de los principales actores del mercado que, además de las implicancias económicas, afecta el pluralismo y la diversidad de voces.

    Por cierto, este nuevo escenario pone en crisis los tradicionales institutos de las teorías de la libertad de expresión que estuvieron presentes durante décadas y que procuraron moldear el discurso público democrático sobre la base de un conjunto determinado de valores. Fundamentalmente, que los individuos, libres e informados, tomasen decisiones racionales sobre los asuntos de interés público.

    Así las cosas, cabe preguntarse cuáles deberían ser las características del nuevo debate público democrático en la era de las plataformas. Por lo pronto, el objetivo central de las diferentes teorías clásicas de la libertad de expresión que estuvieron presente en el pasado, que consistía básicamente en expandir la circulación de la información, debería ser revisado y actualizado, teniendo presente que la afectación de la deliberación social no es consecuencia de la escasez de información, sino de la sobreaduncia de la misma.

    Sobre el particular, Becerra y Waisbord afirman que “Hay una desconexión clara entre lo que el canon de la libertad de expresión habla, regula o inspira y las condiciones contemporáneas de la expresión plataformizada con ediciones mediadas por algoritmos y estándares desparejos definidos por compañías tecnológicas de alcance global. Esta desconexión es entendible, ya que aquel canon fue producto del contexto histórico, político y comunicacional principalmente decimonónico con complementos del siglo XX, que sentó sus bases filosóficas y legales”.

    En la era de las redes, las plataformas y la inteligencia artificial, es necesario advertir las falencias de la teorías clásicas en materia de libertad de expresión que, inspiradas en las ideas de Jhon Milton, en su obra Sobre la Libertad, y Areopagítica, el alegato de Jhon Milton, proponen la desregulación y el mercado libre de ideas.

    Como vimos, Harari llama a esta propuesta la idea ingenua de la información. En este orden de ideas, considera que “Si no se alcanza un consenso sobre cómo dirigir el debate público y tomar decisiones, no podremos hablar de democracia sino de anarquía. En concreto, el potencial anárquico de la IA es preocupante porque no sólo abre el debate público a nuevos grupos humanos. Por primera vez en la historia, la democracia tiene que vérselas también con toda una algarabía de voces no humanas…Así pues, ¿qué ocurrirá con los debates democráticos cuando millones — y en algún momento, miles de millones- de bots superinteligentes…elaboren manifiestos políticos de los más convincentes…Por último, los algoritmos no se limitan a unirse a la conversación, sino que cada vez con más frecuencia se encargan de orquestarla. Las redes sociales permiten que nuevos grupos humanos cuestionen las viejas reglas del debate. Pero las negociaciones sobre esas reglas ya no las dirigen los humanos”.

    Como respuesta a esta situación, Harari advierte que es necesario que las democracias regulen el mercado de la información. “Si unos algoritmos ininteligibles se apoderan de la conversación y, en concreto, si desbaratan los argumentos razonados y fomentan el odio y la confusión, no se podrá mantener el debate público. Pero si las democracias acaban por desmoronarse, lo más probable es que no sea a causa de ningún tipo de inevitabilidad tecnológica, sino de un fracaso humano a la hora de regular con sensatez las nuevas tecnologías”.


    Bibliografía

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  • Qué dice y cómo se gestó la Ley Clarín

    Qué dice y cómo se gestó la Ley Clarín

    El presidente Javier Milei, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, aludió al grupo Clarín manifestando que obtuvo “…su ley de medios”. En realidad, no se refería a la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente conocida como Ley de Medios, sino a la Ley 25.750, denominada de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, la que suele denominarse “Ley Clarín”.

    Al respecto, es importante precisar qué dice y cómo se gestó dicha norma, que reflejó un momento determinado de la historia de los debates políticos y legislativos en torno a la participación de compañías extranjeras en las empresas periodísticas locales.

    Para comprender dicho proceso parlamentario es necesario hacer una breve referencia histórica. En primer lugar, debe señalarse que la vieja ley de radiodifusión, aprobada por la dictadura en 1980, excluía la participación de medios gráficos nacionales y extranjeros en el mercado de radios y TV nacionales. El presidente Carlos Menem, al comienzo de su mandato, a través de la Ley de Reforma del Estado, modificó la citada Ley 22.285, permitiendo el ingreso de grupos periodísticos nacionales en el escenario audiovisual. En esa oportunidad, la presión de los empresarios locales impidió que la apertura incluyera también a grupos extranjeros. En ese contexto, Clarín adquirió Canal 13 y Radio Mitre; Editorial Atlántida y un grupo de televisoras del interior hizo lo propio con Telefé y Radio Continental. Por su parte, otros grupos periodísticos también fueron comprando emisoras en distintas provincias argentinas. Nacían los multimedios nacionales.

    Posteriormente, la expansión del sistema comunicacional puso en el centro de la escena a los cableoperadores; por entonces en manos de pequeños y medianos empresarios locales. En ese contexto, los principales grupos de medios nacionales pugnaron entre sí por adquirir la mayor cantidad de emisoras posibles, dado que las originales redes de TV comenzaban a permitir la oferta de Internet y otras tecnologías. En realidad, más que una emisora, virtualmente se compraba todo un pueblo conectado, al que se le podía vender diversos servicios de red.

    La dinámica de este negocio elevó sustantivamente los precios de este tipo de medios, lo que motivó la necesidad de recurrir al financiamiento externo. Por entonces, Carlos Menem firmó un conjunto de tratados internacionales de promoción recíproca de inversiones. El primero de ellos fue con los Estados Unidos; luego le siguieron Francia, España e Italia entre otros países.

    Como consecuencia de esta apertura comenzaron a llegar al país diferentes empresas extranjeras, con lo cual el mercado de medios se internacionalizó. La compra del 80% del paquete accionario de Cablevisión por parte de TCI International Holdings, de los Estados Unidos, en 750 millones de dólares, se convirtió en la operación económica más importante de la historia entre dos empresas privadas. También se sumaron al nuevo escenario de medios Hicks, Muse, Tate y Furst (HMT&F), Sky Televisión, de Rupert Murdoch y la mexicana Corporación Interamericana de Entretenimiento (CEI), entre tantas otras compañías.

    Años más tarde, la crisis del 2001 alcanzó a los medios de comunicación locales, muchos de los cuales se encontraban fuertemente endeudados con acreedores extranjeros. Para preservar la sostenibilidad de las empresas periodísticas, los dos grandes partidos de la época, el Justicialismo y la Unión Cívica Radical, presentaron sendos proyectos de ley. Por el PJ firmaron Miguel Angel Pichetto, José Luis Gioja, Jorge Capitanich, Carlos Verna y Jorge Yoma, entre otros. Por la UCR lo hicieron Raúl Alfonsín, Mario Losada, Gerardo Morales y Carlos Maestro, entre otros senadores. El resultado de ese acuerdo político condujo al dictado de la mencionada Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.

    Dicha norma determina que la propiedad de los medios de comunicación debe ser de compañías nacionales, permitiendo la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario. Luego, se agrega que dicho tope podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplen inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permitan. Cabe precisar que la ley considera medios de comunicación a los diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras de contenidos audiovisuales y digitales, proveedoras de acceso a Internet y empresas de difusión en la vía pública.

    Por otro lado, la Ley 25.750 determina la inaplicabilidad del mecanismo de salvataje de empresas previsto en la Ley de Quiebras, denominado cramdown, a los medios de comunicación. De este modo, se procuró impedir que los inversores extranjeros tuvieran la posibilidad de tomar hostilmente a las empresas de capitales nacionales que se encontraban en concurso preventivo y atravesaban serios problemas financieros, como consecuencia de la depreciación de sus activos en dólares, producida por la devaluación y el considerable endeudamiento interno y externo del sector.

    Es posible señalar que la referencia de Javier Milei a esta norma en su discurso ante la Asamblea Legislativa forma parte del enfrentamiento con el Grupo Clarín, a raíz de la compra de Telefónica por parte de Telecom. En verdad, la actual administración ya se había referido a la Ley 25.750. En efecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elaboró un proyecto de ley, en donde se propone la derogación de un total de 63 normas, conocido como Ley Hojarasca. Dicha iniciativa procura “…eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por hacer sido superado por normas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”. Entre las diferentes normas que se proponen derogar aparecen leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas, leyes que fueron superadas por la tecnología o el paso del tiempo y leyes que limitan la libertad individual.

    Dentro del paquete de normas a eliminar se encuentra la mencionada Ley 25.750. Se afirma que esta ley es de dudosa constitucionalidad, afirmando que “En un proceso de integración al mundo y donde se busca fomentar la inversión extranjera a los fines de promover el empleo, dicha norma debe ser derogada”.

    Ya sea como parte de la hojarasca o a raíz del nuevo conflicto con el Grupo Clarín por la compra de Telefónica, es probable que la señalada ley vuelva a ocupar un lugar en el debate parlamentario. Cabe preguntarse si en esta oportunidad se formará nuevamente la alianza política que tuvo lugar en los agitados años de comienzo del siglo.

  • Milei vs. Clarín. ¿Un capítulo más del conflicto entre los gobiernos y los medios o estamos frente a otro tipo de contienda política y comunicacional?

    Milei vs. Clarín. ¿Un capítulo más del conflicto entre los gobiernos y los medios o estamos frente a otro tipo de contienda política y comunicacional?

    Una vez más, se produce un enfrentamiento entre un gobierno y el Grupo Clarín. La duda es si se trata de un capítulo más del constante conflicto entre el Estado y los medios de comunicación locales o estamos frente a otro tipo de contienda política y comunicacional.
    Cuentan los memoriosos que, en la prehistoria, el General Jorge Rafael Videla instruyó a los miembros de la Comisión de Asesoramiento Legislativo que redactaran una ley de radiodifusión con una cláusula que impidiera a los medios gráficos poseer radios o canales de TV. La exclusión tenía nombre y apellido: Diario Clarín.
    Raúl Alfonsín, durante su mandato, mantuvo una particular relación con los dueños del periódico. En ciertas ocasiones criticó con dureza su línea editorial que, según el presidente, desmoralizaban a los argentinos. Por otro lado, fue respetuoso y equilibrado en la distribución de la publicidad oficial. No obstante, el hecho central que marcó la discrepancia con los dueños de Clarín fue la decisión de conservar los principales medios de comunicación en manos del Estado. Para Alfonsín esto era determinante para consolidar la democracia en el país. Esta política frustraba los deseos de la empresa de comprar Canal 13.
    Carlos Menem fue quien abrió las puertas a los multimedios en Argentina. Al comienzo de su gestión, a través de la Ley de Reforma del Estado, modificó el famoso artículo 45 de la Ley 22.285 que vedada a las empresas periodísticas su desembarco en el universo de la radiodifusión. A partir de ello Clarín adquirió Canal 13 y Radio Mitre. Por supuesto otras empresas hicieron lo propio. Por caso, la Editorial Atlántida, junto a otras compañías, adquirieron Telefé. Con el paso del tiempo y a raíz de las críticas que los medios le propinaban, Menem llegó a decir que el mayor error que había cometido en su gestión fue impulsar la modificación del artículo 45.
    “Que te pasa Clarín, estás nervioso”. Se preguntó Néstor Kirchner el 9 de marzo de 2009, en un acto en Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. Años antes, durante su mandato, se había mostrado como uno de los presidentes más generosos con el grupo. En primer lugar promovió la Ley de Protección de Bienes Culturales, conocida con el poco eufemístico apodo de “Ley Clarín”. La norma, que modificaba la Ley de Quiebras, impedía que los acreedores extranjeros se apoderaran de los endeudados medios nacionales. Además, a través de un DNU prorrogó por 10 años las licencias de radios y canales de TV, entre los cuales se encontraba las del Grupo Clarín. Sobre el final de su mandato le concedió su mayor deseo al aprobar la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Con el tiempo, su esposa le recriminó en público su benévola conducta.
    Precisamente, Cristina Fernández de Kirchner fue quien más abiertamente se enfrentó con el Grupo Clarín. La Ley de Medios, impulsada durante su administración, exigía la desconcentración de los grupos periodísticos. Concretamente, el Grupo Clarín debía quedarse con 24 emisoras de cable, de las 200 que poseía, tendría que optar entre Cablevisión y Canal 13 en la Capital Federal y debería reducir sus señales audiovisuales, entre otras cosas.
    Desde luego, la norma se judicializó. Luego de marchas y contramarchas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de 372 páginas, consideró que los artículos que ordenaban la desinversión eran constitucionales. A partir de la sentencia, el Grupo Clarín presentó una propuesta de adecuación que suponía la división del conglomerado en 6 unidades de negocio. Después de analizar la documentación presentada por la empresa, en una recordada conferencia en el Hotel Savoy, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, denunció que la propuesta resultaba inaceptable dado que a través de una ilegítima ingeniería societaria se burlaba la ley. Como consecuencia de ello anunció que se pondría en práctica la desinversión de oficio. Es decir que el Estado se ocuparía de vender los diferentes medios que poseía Clarín.
    Por supuesto el Grupo Clarín apeló y la justicia dictó una medida cautelar que impidió la desconcentración a manos del Estado. Dicha decisión fue prorrogada y al finalizar su mandato, cuando Cristina Fernández de Kirchner (no) le puso la banda presidencial a su sucesor Mauricio Macri, el Grupo Clarín seguía conservando todos sus medios.
    Macri fue particularmente generoso con el grupo. Al comienzo de su mandato dictó un DNU que dejaba sin efecto todas las medidas anti concentración de la Ley de Medios y además convertía a las emisoras de cable en servicios de TIC, con lo cual ampliaban su poder de mercado. Por otra parte, aprobó la fusión de Cablevisión con Telecom, con lo cual aumentó sustantivamente la envergadura del grupo empresario.
    Alberto Fernández anduvo a los golpes con Clarín. Si bien fue históricamente considerado un amigo de la empresa, lo cierto es que su administración, en plena pandemia, dictó el DNU 690/20, por el cual convirtió a todos los servicios de TIC en servicios públicos, facultando al Estado a determinar los precios de los mismos. Como es de imaginar las distintas empresas, incluída Telecom, apelaron la medida y como también cabe suponer la justicia les hizo lugar.
    La determinación de Javier Milei de derogar ese DNU y restablecer la libertad de precios para las empresas TIC fue muy bien recibida por los medios, incluido, desde luego el Grupo Clarín. Pero no todo fue armonía. Por un lado, una parcial reducción de la pauta oficial despertó críticas en el universo comunicacional. Por otra parte, el vocero Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias de prensa, sostuvo que las empresas telefónicas mantenían fuertes deudas con el Estado; lo que fue negado enfáticamente por el Grupo Clarín. También fueron reiteradas las críticas de Javier Milei a diferentes periodistas del medio y a su propio titular Héctor Magnetto. En verdad, la dureza y vulgaridad de las agresiones al periodismo no registran antecedentes en la democracia argentina moderna iniciada en 1983.
    ¿Qué pasará ahora que Telecom anunció la compra de Telefónica? Desde la empresa explicaron que la operación demandó 1.250 millones de dólares y que ello representa la decisión de invertir en infraestructura de banda ancha, fibra óptica y 5G. Por otro lado, señalaron que se trata de la compra de una compañía que está en retroceso y que su intervención permitirá evitar pérdidas de fuentes de trabajo, mejorar la calidad de los servicios y satisfacer la demanda de los clientes.
    La respuesta del gobierno fue dura. En primer lugar, anunció que la operación deberá ser analizada por el Ente Nacional de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. No obstante, además agregó que la operación podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaria un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió la empresa. Por último, anunció su determinación de tomar todas las medidas para garantizar el derecho a la libre elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Un comunicado un tanto curioso por parte de un presidente que confesó públicamente su adhesión a los monopolios.
    Sin perjuicio de ello, lo cierto es que a partir de ahora comienza un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarín. Por una parte, existirán fuertes debates en torno a los aspectos jurídicos de la operación. Por otro lado, está el factor político. Probablemente Milei se aliará con su amigo Elon Musk y otros empresarios del mundo TIC para dar la pelea en el ecosistema comunicacional. En esta oportunidad, a diferencia de los casos anteriores, estaríamos ante una contienda con ribetes verdaderamente novedosos.