El presidente Javier Milei, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, aludió al grupo Clarín manifestando que obtuvo “…su ley de medios”. En realidad, no se refería a la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente conocida como Ley de Medios, sino a la Ley 25.750, denominada de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, la que suele denominarse “Ley Clarín”.
Al respecto, es importante precisar qué dice y cómo se gestó dicha norma, que reflejó un momento determinado de la historia de los debates políticos y legislativos en torno a la participación de compañías extranjeras en las empresas periodísticas locales.
Para comprender dicho proceso parlamentario es necesario hacer una breve referencia histórica. En primer lugar, debe señalarse que la vieja ley de radiodifusión, aprobada por la dictadura en 1980, excluía la participación de medios gráficos nacionales y extranjeros en el mercado de radios y TV nacionales. El presidente Carlos Menem, al comienzo de su mandato, a través de la Ley de Reforma del Estado, modificó la citada Ley 22.285, permitiendo el ingreso de grupos periodísticos nacionales en el escenario audiovisual. En esa oportunidad, la presión de los empresarios locales impidió que la apertura incluyera también a grupos extranjeros. En ese contexto, Clarín adquirió Canal 13 y Radio Mitre; Editorial Atlántida y un grupo de televisoras del interior hizo lo propio con Telefé y Radio Continental. Por su parte, otros grupos periodísticos también fueron comprando emisoras en distintas provincias argentinas. Nacían los multimedios nacionales.
Posteriormente, la expansión del sistema comunicacional puso en el centro de la escena a los cableoperadores; por entonces en manos de pequeños y medianos empresarios locales. En ese contexto, los principales grupos de medios nacionales pugnaron entre sí por adquirir la mayor cantidad de emisoras posibles, dado que las originales redes de TV comenzaban a permitir la oferta de Internet y otras tecnologías. En realidad, más que una emisora, virtualmente se compraba todo un pueblo conectado, al que se le podía vender diversos servicios de red.
La dinámica de este negocio elevó sustantivamente los precios de este tipo de medios, lo que motivó la necesidad de recurrir al financiamiento externo. Por entonces, Carlos Menem firmó un conjunto de tratados internacionales de promoción recíproca de inversiones. El primero de ellos fue con los Estados Unidos; luego le siguieron Francia, España e Italia entre otros países.
Como consecuencia de esta apertura comenzaron a llegar al país diferentes empresas extranjeras, con lo cual el mercado de medios se internacionalizó. La compra del 80% del paquete accionario de Cablevisión por parte de TCI International Holdings, de los Estados Unidos, en 750 millones de dólares, se convirtió en la operación económica más importante de la historia entre dos empresas privadas. También se sumaron al nuevo escenario de medios Hicks, Muse, Tate y Furst (HMT&F), Sky Televisión, de Rupert Murdoch y la mexicana Corporación Interamericana de Entretenimiento (CEI), entre tantas otras compañías.
Años más tarde, la crisis del 2001 alcanzó a los medios de comunicación locales, muchos de los cuales se encontraban fuertemente endeudados con acreedores extranjeros. Para preservar la sostenibilidad de las empresas periodísticas, los dos grandes partidos de la época, el Justicialismo y la Unión Cívica Radical, presentaron sendos proyectos de ley. Por el PJ firmaron Miguel Angel Pichetto, José Luis Gioja, Jorge Capitanich, Carlos Verna y Jorge Yoma, entre otros. Por la UCR lo hicieron Raúl Alfonsín, Mario Losada, Gerardo Morales y Carlos Maestro, entre otros senadores. El resultado de ese acuerdo político condujo al dictado de la mencionada Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.
Dicha norma determina que la propiedad de los medios de comunicación debe ser de compañías nacionales, permitiendo la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario. Luego, se agrega que dicho tope podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplen inversiones extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el porcentaje en que ellos lo permitan. Cabe precisar que la ley considera medios de comunicación a los diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras de contenidos audiovisuales y digitales, proveedoras de acceso a Internet y empresas de difusión en la vía pública.
Por otro lado, la Ley 25.750 determina la inaplicabilidad del mecanismo de salvataje de empresas previsto en la Ley de Quiebras, denominado cramdown, a los medios de comunicación. De este modo, se procuró impedir que los inversores extranjeros tuvieran la posibilidad de tomar hostilmente a las empresas de capitales nacionales que se encontraban en concurso preventivo y atravesaban serios problemas financieros, como consecuencia de la depreciación de sus activos en dólares, producida por la devaluación y el considerable endeudamiento interno y externo del sector.
Es posible señalar que la referencia de Javier Milei a esta norma en su discurso ante la Asamblea Legislativa forma parte del enfrentamiento con el Grupo Clarín, a raíz de la compra de Telefónica por parte de Telecom. En verdad, la actual administración ya se había referido a la Ley 25.750. En efecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elaboró un proyecto de ley, en donde se propone la derogación de un total de 63 normas, conocido como Ley Hojarasca. Dicha iniciativa procura “…eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por hacer sido superado por normas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos”. Entre las diferentes normas que se proponen derogar aparecen leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas, leyes que fueron superadas por la tecnología o el paso del tiempo y leyes que limitan la libertad individual.
Dentro del paquete de normas a eliminar se encuentra la mencionada Ley 25.750. Se afirma que esta ley es de dudosa constitucionalidad, afirmando que “En un proceso de integración al mundo y donde se busca fomentar la inversión extranjera a los fines de promover el empleo, dicha norma debe ser derogada”.
Ya sea como parte de la hojarasca o a raíz del nuevo conflicto con el Grupo Clarín por la compra de Telefónica, es probable que la señalada ley vuelva a ocupar un lugar en el debate parlamentario. Cabe preguntarse si en esta oportunidad se formará nuevamente la alianza política que tuvo lugar en los agitados años de comienzo del siglo.
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