Milei vs. Clarín. ¿Un capítulo más del conflicto entre los gobiernos y los medios o estamos frente a otro tipo de contienda política y comunicacional?

Una vez más, se produce un enfrentamiento entre un gobierno y el Grupo Clarín. La duda es si se trata de un capítulo más del constante conflicto entre el Estado y los medios de comunicación locales o estamos frente a otro tipo de contienda política y comunicacional.
Cuentan los memoriosos que, en la prehistoria, el General Jorge Rafael Videla instruyó a los miembros de la Comisión de Asesoramiento Legislativo que redactaran una ley de radiodifusión con una cláusula que impidiera a los medios gráficos poseer radios o canales de TV. La exclusión tenía nombre y apellido: Diario Clarín.
Raúl Alfonsín, durante su mandato, mantuvo una particular relación con los dueños del periódico. En ciertas ocasiones criticó con dureza su línea editorial que, según el presidente, desmoralizaban a los argentinos. Por otro lado, fue respetuoso y equilibrado en la distribución de la publicidad oficial. No obstante, el hecho central que marcó la discrepancia con los dueños de Clarín fue la decisión de conservar los principales medios de comunicación en manos del Estado. Para Alfonsín esto era determinante para consolidar la democracia en el país. Esta política frustraba los deseos de la empresa de comprar Canal 13.
Carlos Menem fue quien abrió las puertas a los multimedios en Argentina. Al comienzo de su gestión, a través de la Ley de Reforma del Estado, modificó el famoso artículo 45 de la Ley 22.285 que vedada a las empresas periodísticas su desembarco en el universo de la radiodifusión. A partir de ello Clarín adquirió Canal 13 y Radio Mitre. Por supuesto otras empresas hicieron lo propio. Por caso, la Editorial Atlántida, junto a otras compañías, adquirieron Telefé. Con el paso del tiempo y a raíz de las críticas que los medios le propinaban, Menem llegó a decir que el mayor error que había cometido en su gestión fue impulsar la modificación del artículo 45.
“Que te pasa Clarín, estás nervioso”. Se preguntó Néstor Kirchner el 9 de marzo de 2009, en un acto en Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. Años antes, durante su mandato, se había mostrado como uno de los presidentes más generosos con el grupo. En primer lugar promovió la Ley de Protección de Bienes Culturales, conocida con el poco eufemístico apodo de “Ley Clarín”. La norma, que modificaba la Ley de Quiebras, impedía que los acreedores extranjeros se apoderaran de los endeudados medios nacionales. Además, a través de un DNU prorrogó por 10 años las licencias de radios y canales de TV, entre los cuales se encontraba las del Grupo Clarín. Sobre el final de su mandato le concedió su mayor deseo al aprobar la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Con el tiempo, su esposa le recriminó en público su benévola conducta.
Precisamente, Cristina Fernández de Kirchner fue quien más abiertamente se enfrentó con el Grupo Clarín. La Ley de Medios, impulsada durante su administración, exigía la desconcentración de los grupos periodísticos. Concretamente, el Grupo Clarín debía quedarse con 24 emisoras de cable, de las 200 que poseía, tendría que optar entre Cablevisión y Canal 13 en la Capital Federal y debería reducir sus señales audiovisuales, entre otras cosas.
Desde luego, la norma se judicializó. Luego de marchas y contramarchas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de 372 páginas, consideró que los artículos que ordenaban la desinversión eran constitucionales. A partir de la sentencia, el Grupo Clarín presentó una propuesta de adecuación que suponía la división del conglomerado en 6 unidades de negocio. Después de analizar la documentación presentada por la empresa, en una recordada conferencia en el Hotel Savoy, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, denunció que la propuesta resultaba inaceptable dado que a través de una ilegítima ingeniería societaria se burlaba la ley. Como consecuencia de ello anunció que se pondría en práctica la desinversión de oficio. Es decir que el Estado se ocuparía de vender los diferentes medios que poseía Clarín.
Por supuesto el Grupo Clarín apeló y la justicia dictó una medida cautelar que impidió la desconcentración a manos del Estado. Dicha decisión fue prorrogada y al finalizar su mandato, cuando Cristina Fernández de Kirchner (no) le puso la banda presidencial a su sucesor Mauricio Macri, el Grupo Clarín seguía conservando todos sus medios.
Macri fue particularmente generoso con el grupo. Al comienzo de su mandato dictó un DNU que dejaba sin efecto todas las medidas anti concentración de la Ley de Medios y además convertía a las emisoras de cable en servicios de TIC, con lo cual ampliaban su poder de mercado. Por otra parte, aprobó la fusión de Cablevisión con Telecom, con lo cual aumentó sustantivamente la envergadura del grupo empresario.
Alberto Fernández anduvo a los golpes con Clarín. Si bien fue históricamente considerado un amigo de la empresa, lo cierto es que su administración, en plena pandemia, dictó el DNU 690/20, por el cual convirtió a todos los servicios de TIC en servicios públicos, facultando al Estado a determinar los precios de los mismos. Como es de imaginar las distintas empresas, incluída Telecom, apelaron la medida y como también cabe suponer la justicia les hizo lugar.
La determinación de Javier Milei de derogar ese DNU y restablecer la libertad de precios para las empresas TIC fue muy bien recibida por los medios, incluido, desde luego el Grupo Clarín. Pero no todo fue armonía. Por un lado, una parcial reducción de la pauta oficial despertó críticas en el universo comunicacional. Por otra parte, el vocero Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias de prensa, sostuvo que las empresas telefónicas mantenían fuertes deudas con el Estado; lo que fue negado enfáticamente por el Grupo Clarín. También fueron reiteradas las críticas de Javier Milei a diferentes periodistas del medio y a su propio titular Héctor Magnetto. En verdad, la dureza y vulgaridad de las agresiones al periodismo no registran antecedentes en la democracia argentina moderna iniciada en 1983.
¿Qué pasará ahora que Telecom anunció la compra de Telefónica? Desde la empresa explicaron que la operación demandó 1.250 millones de dólares y que ello representa la decisión de invertir en infraestructura de banda ancha, fibra óptica y 5G. Por otro lado, señalaron que se trata de la compra de una compañía que está en retroceso y que su intervención permitirá evitar pérdidas de fuentes de trabajo, mejorar la calidad de los servicios y satisfacer la demanda de los clientes.
La respuesta del gobierno fue dura. En primer lugar, anunció que la operación deberá ser analizada por el Ente Nacional de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. No obstante, además agregó que la operación podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaria un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió la empresa. Por último, anunció su determinación de tomar todas las medidas para garantizar el derecho a la libre elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones. Un comunicado un tanto curioso por parte de un presidente que confesó públicamente su adhesión a los monopolios.
Sin perjuicio de ello, lo cierto es que a partir de ahora comienza un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarín. Por una parte, existirán fuertes debates en torno a los aspectos jurídicos de la operación. Por otro lado, está el factor político. Probablemente Milei se aliará con su amigo Elon Musk y otros empresarios del mundo TIC para dar la pelea en el ecosistema comunicacional. En esta oportunidad, a diferencia de los casos anteriores, estaríamos ante una contienda con ribetes verdaderamente novedosos.